Los cabildos canarios han celebrado hoy solemnemente el centenario de la ley que aprobó su creación en 1912 con la reclamación unánime, por parte de sus máximos representantes, de una urgente redefinición administrativa para aumentar sus competencias y dotar a las instituciones de una financiación estable.
Así lo han manifestado los representantes de los cabildos en un acto institucional celebrado en el Parlamento de Canarias, cuyo presidente, Antonio Castro, ha señalado en su intervención que "todos somos conscientes de que no está acabada la reforma estatutaria" y hay que asumir una verdad: aquí no sobran instituciones".
Antonio Castro abogó por seguir profundizando en el desarrollo administrativo y político de Canarias en cada isla para que los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y señaló que una ley que cumple cien años "es una buena ley, un acierto" de las Cortes de 1912.
José Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo de Gran Canaria y de turno de la Federación Canaria de Islas, afirmó que muchas de las políticas que hoy realiza el Gobierno de Canarias deben ser desarrolladas por los cabildos en un proceso de segunda descentralización que en Canarias está inacabado.
Añadió Bravo de Laguna que es "perfectamente compatible" el esquema de cuatro administraciones que conviven en Canarias "siempre que no lo compliquemos y nos multipliquemos con burocracias inútiles".
"Hay que defender el modelo administrativo canario con racionalidad y con una reflexión profunda sobre nuestro futuro", apostilló el también expresidente del Parlamento regional, para quien es necesario atribuir a cada administración sus competencias y la ficha financiera que precisa.
Ricardo Melchior, presidente del Cabildo de Tenerife, aseveró que las corporaciones insulares "no son algo anacrónico e incompatible con la autonomía", sino "el fiel de la balanza que equilibra la vida política del archipiélago y de la que nadie puede poner en duda su papel integrador".
Melchior insistió en la necesidad de mejorar la financiación que perciben las corporaciones insulares por vía de los fondos de las haciendas locales y de los recursos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y reclamó que se amplíen las competencias de los cabildos para que tengan como fundamento el territorio.
"La reforma de los gobiernos locales es una necesidad estratégica de primera magnitud para reordenar el sistema de reparto de responsabilidades, redefinir el nivel local de gobierno y fortalecerlo", explicó Melchior, quien lamentó haber escuchado sobre este asunto "propuestas con ciertas dosis de frivolidad y sin el sosiego y la reflexión necesarias en el momento que ha tocado vivir".
Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro, también coincidió en que el futuro de estas instituciones pasa por conseguir la financiación suficiente y estable que por derecho propio les corresponde, pues no se podrá hablar de una Canarias única mientras no haya cohesión territorial y un sobrecoste "por vivir en Fuerteventura o en El Hierro".
Los cabildos han sido instituciones avanzadas a su tiempo y reivindicativas y este espíritu sigue presente en las diferencias de criterio con el Gobierno autónomo respecto a los criterios sobre el reparto de los fondos transferidos y la necesidad de un marco estable de financiación "que hay que abordar sin dilación", advirtió Alpidio Armas.
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, afirmó que los cabildos no son "un capricho administrativo" sino una estructura "enraizada en el territorio, en su genética y por su determinismo geográfico" del archipiélago, y deben recoger las necesidades de sus ciudadanos "frente a la dinámica de los recortes injustificados".
Por ello debe ser respetada la identidad insular y si una isla se posiciona "clara y contundentemente" sobre su futuro, lo menos que se puede esperar es que se escuche a su Cabildo, como es el caso del de Fuerteventura respecto al proyecto de prospecciones petrolíferas.
"La isla habla por su Cabildo y la opinión de éste debe valer más que los planes de multinacionales que colocan el interés empresarial por encima del del territorio insular", puntualizó Cabrera.
Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, dijo que en situaciones complicadas los cabildos han sabido estar a la altura de las circunstancias y han sido pieza clave en la mejora de la calidad de vida de los canarios y en la desaparición del pleito histórico entre islas.
Más que nunca estas corporaciones están en disposición de seguir impulsando el desarrollo territorial pero para ello es urgente redefinir con precisión las competencias entre administraciones y poner límites a la dimensión institucional y al gasto innecesarios para ser ágiles, austeros y eficientes en la gestión, añadió Curbelo.
Desde la coordinación, el diálogo y el ejercicio de la responsabilidad se hace necesaria una planificación de competencias que actualmente están insuficientemente dotadas y que los cabildos asuman nuevas sin descuidar el papel de los ayuntamientos canarios, manifestó el presidente gomero, para quien la crisis hace necesario medidas urgentes y contundentes "no debilitando, sino fortaleciendo" a las corporaciones locales.
Guadalupe González Taño, presidenta del Cabildo de La Palma, también se refirió a la reforma de las competencias para garantizar su financiación y mostró su deseo de que en los próximos años se resuelva "de una vez por todas" el pleito insular para que no haya islas de primera y de segunda.
También mencionó el hecho de que en 1912 la mayor parte de las canarias eran analfabetas y en estos cien años de corporaciones insulares sólo ha habido siete mujeres en la Presidencia de los cabildos de tres islas.
En representación del Cabildo de Lanzarote intervino su vicepresidente, Joaquín Caraballo, al no haber podido desplazarse el máximo titular, Pedro San Ginés, por las fuertes lluvias que han afectado a la isla.
Caraballo alertó sobre la tentación de que se discuta la existencia de los cabildos con la excusa de la crisis cuando, precisó, estas corporaciones han contribuido a eliminar "desequilibrios gravosos" como la representación más exacta del pueblo al que pertenecen.