El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido no admitir a trámite el conflicto en defensa de la autonomía local planteado en 2011 por 36 de los 88 municipios canarios, que entendieron que la reforma de la Ley del Sector Eléctrico, aprobada en el Parlamento canario por Coalición Canaria (CC) y PSOE, vulneraba algunas competencias de las administraciones locales y atacaba su suficiencia financiera. La modificación fue muy criticada por el PSOE, en aquel momento en la oposición parlamentaria.

En concreto, los ayuntamientos discrepaban con el artículo 6 bis de la Ley 11/2007, que con la modificación apoyada por CC y PSOE concede al Ejecutivo canario la competencia para declarar obras relacionadas con el sector eléctrico de "interés general", cuando razones "justificadas de urgencia o excepcional interés aconsejen la modernización o el establecimiento de instalaciones de generación, transporte o distribución eléctrica".

Además, establece que los proyectos de "construcción, modificación y ampliación de las instalaciones (...) se someterán a un régimen especial de autorización y no estarán sujetos a licencia urbanística ordinaria o a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular".

En un auto del pasado 15 de enero, publicado ayer en Boletín Oficial del Estado (BOE), el TC entiende que al no estar ante "actuaciones directamente realizadas por una administración pública no tiene, atendiendo a la regulación específica del sector eléctrico, el carácter determinante que los promotores del conflicto le atribuyen".

El TC incide en la "necesidad" de articular procedimientos para asegurar la continuidad del suministro eléctrico y solucionar las eventuales discrepancias que pudieran surgir entre esa perseguida garantía de la continuidad, seguridad y calidad del servicio, con el planeamiento territorial o urbanístico".

Y precisa: "Ha de considerarse que el precepto cumple con los criterios de la doctrina constitucional en torno a esta cuestión, ya que garantiza una intervención municipal por la vía de informe, y, en la línea de las disposiciones estatales, prevé un mecanismo para resolver las eventuales discrepancias que pudieran surgir".