El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) juzgará a partir del 2 de abril el "caso Europa", en una Sala compuesta por su presidente, Antonio Castro Feliciano, y los jueces de adscripción territorial Pedro Santiago Romero Buck-Arstad y Alejandro Navarro Hernández.

Estos dos últimos han sido designados para cubrir las vacantes creadas en la Sala de lo Civil y Penal tras reconocer el TSJC que la designación de los magistrados de la Sala de lo Social Ángel Miguel Martín Suárez y Ramón Jesús Toubes para completar el tribunal había vulnerado las normas que rigen este tipo de nombramientos.

El TSJC ha acordado además tener por recibido el recurso de nulidad de las actuaciones practicadas interpuesto una de las defensas a raíz del reconocimiento de que se había cometido un error en el nombramiento de los jueces que completaban la Sala.

El juicio del "caso Europa" debería haber arrancado hoy, miércoles, pero el tribunal decidió suspender sus cuatro primeras sesiones (27 y 28 de febrero y 1 y 8 de marzo) para nombrar una nueva Sala. Si no se producen nuevas incidencias, su primera sesión tendrá lugar el 2 de abril, han indicado fuentes judiciales.

El "caso Europa" es la pieza separada número 38 del "caso Faycán", la trama de presunto pago de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde que desde 2006 investiga el Juzgado número 3 de esa ciudad, aunque su instrucción ha correspondido al TSJC porque entre los acusados figura un aforado: el diputado del PP en el Parlamento de Canarias Jorge Rodríguez.

Este diputado del PP se enfrenta a una solicitud de condena de un año y ocho meses de cárcel, cinco años de inhabilitación y una multa de 120.000 euros bajo la acusación de haber influido sobre el Ayuntamiento de Telde a favor del grupo empresarial Europa.

En este procedimiento, el fiscal sostiene que el propietario del Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, efectuó pagos entre 2003 y 2006 a políticos y técnicos del Ayuntamiento de Telde por un importe de 240.000 euros, entre ellos a la edil de Urbanismo fallecida María Antonia Torres, que también estuvo imputada en este procedimiento.

El empresario Antón Marín se enfrenta a una pena de cinco años y seis meses de prisión por delitos de cohecho y contra el mercado y a los consumidores, así como al pago de una multa de 600.000 euros.

Además, figuran como imputados otras cinco personas, entre ellos el gerente de la empresa municipal de Telde Urvitel, Juan Carlos Saavedra, y su mujer Verónica García Melgar, y dos técnicos de ese ayuntamiento grancanario, José Luis Mena y Pedro Pablo Santana, que cuando ocurrieron los hechos eran responsables de Urbanismo y Patrimonio.

El quinto acusado es el extrabajador del Grupo Europa Francisco José Benítez Cambreleng, quien, antes de que el procedimiento se dirigiera contra él, colaboró activamente con los funcionarios policiales en la investigación de los hechos.