La sentencia judicial que anula el decreto que regula las listas de empleo público en Canarias ha sido recibida de forma opuesta por el sindicato Comisiones Obreras, autor de la demanda que la originó, y por el Gobierno autónomo. Si el primero sostiene que el fallo supone la nulidad "radical" y "sin matices" de la norma, el Ejecutivo interpreta que solo afecta a un aspecto: el criterio para el desempate entre trabajadores que tengan la misma puntuación.
Con esta convicción, la Administración recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo (TS) -una iniciativa abocada al fracaso, según CCOO- y descarta modificar las listas actuales de funcionarios interinos o sentarse a negociar un nuevo sistema -como le reclama la organización sindical- mientras el asunto siga vivo en instancias judiciales. Tampoco afectará a la decisión de convocar oposiciones al cuerpo de maestros, un proceso que el Gobierno trata de impulsar.
Lo cierto es que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declara nulo "de pleno derecho" el "decretazo" -como lo han denominado los representantes de los trabajadores- al entender que el Gobierno incluyó en el texto definitivo cambios en los criterios del desempate respecto a lo negociado con los sindicatos.
A juicio de José Ramón Barroso, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, la sentencia "obliga a redactar un nuevo decreto". Entre tanto, el sindicato exige la reincorporación en los puestos que ocupaban de las alrededor de 200 personas que quedaron fuera de las listas tras las oposiciones a enseñanza Secundaria de 2010 -la norma afecta a los sectores de la docencia, la sanidad y la Administración general-, la búsqueda de una fórmula para mantener a los opositores que entonces fueron incluidos, la paralización "inmediata" de la convocatoria de oposiciones y la negociación de un acuerdo que asegure la estabilidad del profesorado interino y sustituto.