Las recientes afirmaciones del empresario y constructor grancanario afincado en Tenerife Ambrosio Jiménez relativas a que había aportado dinero a partidos políticos canarios han desatado un creciente número de reacciones que colocan a las Islas en la cabecera nacional del debate sobre la financiación de las fuerzas políticas, tan en boga por los llamados casos Gürtel y Bárcenas que afectan al PP.
Aunque no es la primera vez, ni mucho menos, que Jiménez se pronuncia en esta línea, la polémica está servida. De hecho, el constructor ya dejó diversas perlas en el pasado, sobre todo cuando la polémica inauguración de Alcampo y el centro comercial El Trompo de La Orotava en 2002, acto al que acudió el entonces secretario regional socialista, Juan Carlos Alemán, en contra de la línea local del PSOE, y el empresario ya dejó caer lo mismo.
Ayer, la Confederación Regional de Comercio (Coreco) se desmarcó por completo de Jiménez y pidió que no se sospeche de que las pymes canarias entregan donativos a los partidos a cambio de ciertas compensaciones. Eso sí, asegura que los que hacen eso "son una minoría, aunque muy poderosa y con mucha capacidad económica".
En una línea similar ya se había pronunciado el ministro de Industria y líder del PP canario, José Manuel Soria, que niega que su partido se haya beneficiado de una financiación ilegal, al tiempo que, desde IU, se exige la máxima transparencia en esta materia.