El presidente de la Fundación Ideas, el exministro de Trabajo del PSOE Jesús Caldera, advirtió hoy de que si no hay un cambio de política económica a final de año habrá 400.000 parados en Canarias de los cuales la mitad no tendrán ningún tipo de prestación por desempleo.

Caldera, que presentó un informe sobre los efectos de la reforma laboral en la economía canaria, detalló que en 2010 el 72,2 por ciento de los desempleados canarios contaba con cobertura, cifra que en 2012 bajó hasta el 59 por ciento y que podría caer hasta el 50 por ciento a final de este año.

El exministro, actualmente diputado en el Congreso, propuso que en España se garantice un ingreso mínimo a las personas ligado a la formación, en especial en las familias en las que todos sus miembros están en paro, una "malla de seguridad existencial".

Afirmó que una medida así es viable y calculó que podría tener un coste de 6.000 millones de euros al año que deberían financiarse con participación de la Unión Europea, el Estado y las comunidades autónomas.

Propuso incrementar la inversión pública para luchar contra el desempleo y aseguró que hay sectores con una gran demanda, como los servicios ligados a la dependencia, en los que hay una bolsa de 500.000 puestos de trabajo que podrían movilizarse con pocos fondos públicos.

"La austeridad salvaje está teniendo unos efectos mucho más negativos de lo que se pensaba", denunció el exministro, para quien la reforma laboral de 2012 ha acentuado la recesión económica y la caída de la actividad, en lugar de frenar el desempleo.

Caldera dijo que desde el Gobierno pretenden justificar la reforma laboral porque aporta fórmulas de flexibilidad interna para no tener que recurrir a los despidos.

Sin embargo, los efectos reales han sido no sólo un aumento de las suspensiones de actividad y de las reducciones de jornada, sino también de los despidos, que se han acelerado.

Más despidos, más paro, menos salarios, menos contratación y más destrucción de empresas, ese es el resultado de la reforma laboral, según Caldera, quien advirtió de que España podría alcanzar el 30 por ciento de desempleo si no cambian las políticas del Gobierno, que están empeorando la situación y profundizando la crisis.

"Nadie exigió al Gobierno la reforma laboral, ni los recortes en las políticas activas de empleo", han sido decisiones el ejecutivo español que han tenido como consecuencia un resultado dramático, dijo.

En el caso de Canarias, la situación se agrava porque la tasa de paro supera el 34 por ciento y llega hasta el 69 por ciento en el caso del desempleo juvenil, dijo.

En el primer trimestre del año, recordó, se han destruido 9.500 empleos en Canarias, tres veces más que en el primer trimestre de 2012, una aceleración que achacó a los efectos de la reforma laboral.

La crisis es la misma que en 2009 y la caída de la actividad económica es similar, pero la destrucción de empleo, como consecuencia en parte de la reforma laboral, se ha acelerado, agregó.

En 2009, por cada punto de caída del Producto Interior Bruto la destrucción de empleo aumentaba dos puntos porcentuales, y en 2012 ha subido a 4 puntos, según los datos del informe.

También ha provocado que se contrate cada vez menos, ya que en Canarias se firmaron 538.000 contratos en 2009 y en 2012 la cifra ha bajado a 527.000, explicó.

Otra consecuencia negativa, según Caldera, es que en 2009 el 50 por ciento de los trabajadores del sector privado estaba protegido por un convenio colectivo, tasa que ha bajado al 12,5 por ciento en 2012.

Además, los salarios han caído el año pasado en un 1,7 por ciento en términos reales, es decir, descontada la inflación, y en las islas hay 55.000 empresas, cuando en 2007 había 65.000.

Ante esta situación, el Gobierno debe aumentar los niveles de protección a los desempleados, con un ingreso mínimo garantizado, insistió.

La consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, que estaba presente en la presentación de estos datos, definió la reforma laboral como "un ajuste de cuentas con el bienestar laboral".

Admitió que como responsable autonómica tiene escaso margen frente al desempleo, porque "si no se cambia la causa", es decir, la política del ejecutivo central, "no se pueden solucionar los males".

Pese a ello, aseguró que el Gobierno regional no permanece inactivo y anunció un plan de acción social y laboral para afianzar las políticas activas de empleo y una estrategia de empleo juvenil centrada en la formación.

Luengo demandó que se tengan en cuenta las tasas de paro a la hora del reparto de los fondos europeos contra el desempleo juvenil.

Gloria Gutiérrez, directora general de Trabajo del Gobierno de Canarias, afirmó que su departamento tramita con rigor los expedientes de regulación de empleo dentro del escaso margen que le deja la reforma laboral, y también desde su departamento se fomenta la mediación y el diálogo social para atenuar los despidos.

El Gobierno de Canarias se propone también que afloren, sin perderlos, los 122.000 empleos sin declarar que calcula que existen en la economía sumergida, mediante el fomento de la economía social a través de cooperativas y centros de empleo y de inserción.