El Consejo de Gobierno autorizó ayer a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio otorgar una subvención directa a la empresa Emergia Canaria, filial de Telefónica, dirigida a sufragar los costes de la formación de 518 desempleados en Canarias. El proyecto contempla un total de 44 acciones formativas bajo la denominación de "Capacitación inicial para personal asignado al servicio MoviStar 1004 convergente" y "Capacitación inicial para teleoperadores de recepción comercial y recobros", por importe de 662.796,35 euros.
Emergia Canaria, por su parte, se compromete a contratar al 80% de las personas que culminen con éxito el proceso formativo.
Esta línea de subvención se enmarca en el programa de "Formación con compromiso de contratación" que desarrolla el Servicio Canario de Empleo (SCE) con el fin de facilitar a todas aquellas entidades empresariales que decidan aumentar su plantilla o quieran abrir un centro de trabajo en Canarias, trabajadores desempleados formados y cualificados.
Para ello, el SCE pone a disposición de estas empresas la financiación de la formación. El objetivo final es que los beneficiarios firmen un contrato de trabajo.
Se trata de la segunda fase de la iniciativa empresarial de Telefónica para la puesta en marcha de un "call center" en el Archipiélago.
Esta línea de subvención responde a uno de los objetivos que se ha marcado el SCE para este año, de seguir reforzando la participación del tejido empresarial adaptando la formación a las necesidades concretas de las empresas interesadas.
Menos para dependencia
El Gobierno canario acusó ayer al Ejecutivo central de ajustar las cuentas con Europa a costa de los más vulnerables, pues pretende recortar 1.108 millones de euros en el sistema de atención a la dependencia sin informar a las comunidades autónomas del impacto que ocasionará este recorte, informó Efe. La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, aseguró que este "ajuste" se incluye en el plan presentado a Bruselas por el Ejecutivo central, con el que pretende recortar unos 3.000 millones de euros, lo que da idea "del tajazo" que sufrirán los servicios sociales.