El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) negocian una reforma de la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) para aumentar el dinero que pueden dedicar los ayuntamientos a pagos a proveedores, ayuda social e inversión pública.

El objetivo de esta modificación legislativa es apoyar desde las administraciones públicas locales a la iniciativa privada en momentos de crisis, facilitando el abono de las facturas por obras y servicios y aumentando la capacidad inversora de los entes municipales.

Cabe precisar que el FCFM distribuye cada año unos 205 millones de euros entre los 88 ayuntamientos. El acceso y posible destino del dinero para la mitad de estos fondos está ligado al cumplimiento de tres parámetros que sirven para medir la salud de las cuentas públicas: ahorro neto, remanente de tesorería y endeudamiento a largo plazo. La otra mitad está asociada al cumplimiento de indicadores que miden el grado de corresponsabilidad fiscal: gestión recaudatoria y esfuerzo fiscal.

De este modo, para poder acogerse a esta nueva opción, los consistorios deberán haber cumplido con el requisito legal establecido para remanente de tesorería y el endeudamiento a largo plazo y, también, deberán carecer de deuda viva o tener una cuantía inferior a la que les corresponde por el reparto del fondo destinado a saneamiento para este año.

En el caso de la mitad ligada a los parámetros de saneamiento, hasta ahora los ayuntamientos debían cumplir los mínimos exigidos por la ley en los tres indicadores para poder destinar ese dinero a inversión pública.

Sin embargo, con el cambio que se pretende aplicar ahora se rebaja este requisito en caso de incumplir con el indicador de ahorro neto -el más complejo en tiempos de crisis-, siempre y cuando sí se haya respetado lo establecido para remanente de tesorería y endeudamiento a largo plazo.

Sirva como ejemplo del posible alcance que podría tener esta medida de apoyo a la actividad empresarial privada una proyección sobre los datos de la última auditoría del fondo realizada hasta la fecha, que analiza la ejecución presupuestaria del año 2011 por los 88 ayuntamientos.

En dicho ejercicio económico, 49 consistorios cumplieron los indicadores de saneamiento económico-financiero según la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del FCFM, a excepción del indicador de ahorro neto. Si estos ayuntamientos que carecen de deuda viva decidieran acogerse a la posibilidad que está en negociación podrían destinar un total de 56,5 millones de euros a cancelación de deuda con proveedores, inversión o ayudas de emergencia.

El Fondo de 2013 asciende a 204,4 millones, por tanto, el 50% de saneamiento o inversión equivale a 102,2 millones.

Empresas y ciudadanos, los beneficiados

La iniciativa de cambiar la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) parte de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, que dirige Francisco Hernández Spínola.

Responde así a un problema que había planteado la Federación Canaria de Municipios (Fecam), en alguna de las reuniones que han mantenido a lo largo de la Legislatura. Contactos de los que también han sido partícipes la viceconsejera de Administraciones Públicas, Carmen Nieves Rodríguez Fraga, y el viceconsejero de Hacienda, Jesús Velayos.

Según aclara Spínola, el acuerdo con la Fecam se cerró en la última reunión del grupo técnico de trabajo de la Comisión de Seguimiento del Fondo Canario de Financiación Municipal, que se celebró a principios este mes.

"Con este acuerdo impedimos que los ayuntamientos que no tienen deuda pública que amortizar pierdan la parte del fondo de financiación que la ley les obliga a dedicar a este fin", remarca el consejero, quien subraya que "el mayor beneficio" de este cambio es para las empresas y la ciudadanía, ya que es una medida que habilita una cantidad potente de dinero para pagar a proveedores, invertir en obras municipales o mejorar la dotación para ayudas de emergencia".

En estos momentos, el Ejecutivo regional está preparando el texto definitivo de la modificación de la ley con el que formalizará este acuerdo al que ha llegado con la Fecam, para su tramitación "lo antes posible" en el Parlamento de Canarias.

No obstante, el consejero de Presidencia precisó al respecto que aún es "pronto" para saber cuándo podrá entrar en vigor la medida.