El secretario general de CCOO en Canarias, Juan Jesús Arteaga, ha solicitado hoy al Gobierno regional que revise el Plan Social por el Empleo y lo incluya en el programa contra la pobreza, porque ambas iniciativas precisan de una actuación integral para ser más efectivas.

Arteaga ha criticado además el Plan de Empleo Social del Gobierno canario por no haber tenido en cuenta a los ayuntamientos, que son los que lo financiarán junto al Ejecutivo y, sin embargo, "no saben nada" sobre esta iniciativa.

El dirigente sindical también ha advertido de que existen problemas de equidad por el tratamiento discriminatorio que se hace entre los municipios en función de los que tienen disponibilidad económica y los que no.

Así mismo, Arteaga ha criticado la "improvisación" con la que ha procedido el Gobierno canario para la puesta en marcha de este plan, en el que los agentes sociales han sido "meros espectadores".

El líder de CCOO ha advertido al Gobierno de que es "peligroso" actuar sin contar con los interlocutores, como ocurrió también con su iniciativa de los comedores escolares, anunciada junto al Plan de Empleo Social en el debate de la nacionalidad celebrada el pasado mes de marzo.

Para Arteaga, el plan es una iniciativa "bien intencionada pero con bastantes lagunas" por la falta de diálogo del Ejecutivo.

El secretario general del sindicato ha reprochado que, al igual que la reforma de la administración local que promueve el Gobierno central, se trate de imponer la centralización frente a la racionalización, así como la falta de equidad, pues en función de dónde se viva se tendrá más o menos oportunidades.

Según el plan, los ayuntamientos podrán aportar al plan entre el 1 y el 10 por ciento del Fondo de Financiación Municipal y el Gobierno canario financiará la mitad de lo que aporten los municipios.

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Pedro Moreno, además ha dicho que los ayuntamientos que han aplicado un expediente de regulación de empleo no podrán aplicar este plan, porque no pueden efectuar contrataciones.

Los ayuntamientos sujetos a regulación de empleos son Barlovento, en La Palma, y Gáldar, Ingenio y La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, porque el de La Oliva, en Fuerteventura, se logró frenar gracias a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha permitido evitar "una hemorragia" de despidos en la administración local.