El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el proyecto de ley de medidas aplicables al destino del Fondo Canario de Financiación Municipal durante el año 2013, que permitirá a 49 ayuntamientos pagar deudas a proveedores y ayudas de emergencia social con parte del dinero que inicialmente la ley reservaba para mejorar el saneamiento de las arcas municipales.

El Ejecutivo ha informado de que se trata de una medida coyuntural de apoyo al esfuerzo de saneamiento realizado por determinadas corporaciones municipales canarias, que persigue efectos "directos" en el ámbito socioeconómico de las islas en tanto que propicia que las empresas proveedoras, contratistas o prestadoras de servicios, ganen en liquidez y competitividad.

Asimismo, esta medida pretende estimular la inversión pública y que se pueda beneficiar el segmento de la población más desfavorecido, a través de la aplicación de Fondo Canario a ayudas de emergencia social.

Esta medida ha sido consensuada por el Gobierno de Canarias con la Federación Canaria de Municipios en el seno de la Comisión de Seguimiento del Fondo Canario de Financiación Municipal.

El Gobierno de Canarias, además, ha acordado solicitar al Parlamento la tramitación urgente y en debate de lectura única para este proyecto de ley. El objetivo es permitir que los ayuntamientos puedan disponer de los fondos lo antes posible y así contribuir este año a aliviar la situación económica de muchas empresas y facilitar la cobertura de las necesidades básicas de la población más desfavorecida por la crisis a través de las ayudas de emergencia.

La intención del Ejecutivo canario es que este texto legislativo sea debatido en el pleno extraordinario previsto para este mes de julio.

El anteproyecto de ley consta de un artículo único que modifica la Ley del Fondo para propiciar que los ayuntamientos menos endeudados y con mayores índices de saneamiento económico financiero puedan destinar la parte del dinero correspondiente a saneamiento --el 50 por ciento del FCFM--, por este orden, a la cancelación de la deuda comercial a 31 de diciembre de 2012, a inversión o a ayudas de emergencia social.

El FCFM de 2013 asciende a 204.467.570,52 euros. Por tanto, el 50 por ciento reservado para saneamiento o inversión equivale a 102.233.785,26 euros. Con la medida adoptada por el Gobierno, se estima que unos 50 millones de euros quedarán disponibles para cubrir objetivos socioeconómicos --pago a proveedores y ayudas de emergencia-- en los 49 ayuntamientos que cumplen los nuevos requisitos.

El FCFM distribuye cada año unos 205 millones de euros entre los 88 ayuntamientos. El acceso y posible destino del dinero para la mitad de estos fondos están ligados al cumplimiento de tres parámetros que sirven para medir la salud de las cuentas públicas: ahorro neto, remanente de tesorería y endeudamiento a largo plazo.

La otra mitad, está ligada al cumplimiento de indicadores que miden el grado de corresponsabilidad fiscal: gestión recaudatoria y esfuerzo fiscal.

REQUISITO LEGAL

Para poder acogerse a esta nueva opción, los ayuntamientos deberán haber cumplido con el requisito legal establecido para remanente de tesorería y el endeudamiento a largo plazo y, también, deberán carecer de deuda viva o tener una cuantía inferior a la que les corresponde por el reparto del fondo destinado a saneamiento para este año.

En el caso de la mitad ligada a los parámetros de saneamiento, hasta ahora, los ayuntamientos debían cumplir los mínimos exigidos por la ley en los tres indicadores para poder destinar ese dinero a inversión pública.

Con el cambio que se pretende aplicar ahora, se rebaja este requisito en caso de incumplir con el indicador de ahorro neto --el más complejo en tiempos de crisis-- siempre y cuando sí se haya respetado lo requerido para remanente de tesorería y endeudamiento a largo plazo.