El Consejo de Gobierno acordó este jueves adherirse al nuevo mecanismo estatal de pago a proveedores por un importe de 34,8 millones de euros, según ha informado su portavoz, Martín Marrero.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Marrero ha destacado las condiciones "más ventajosas a las ofrecidas por las entidades financieras" de este mecanismo y ha explicado que con él la comunidad autónoma hará frente a facturas que tiene pendiente de abonar con anterioridad al 31 de mayo de 2013.

De esta cantidad, unos 34 millones corresponden a obligaciones del Servicio Canario de Salud, referidas en su mayor parte al pago de conciertos sanitarios, mientras que los 800.000 euros restantes son facturas pendientes imputables a deuda comercial de otros departamentos del Gobierno.

Marrero ha recordado que, según el Real Decreto estatal que regula este mecanismo, sólo podrán incluirse en él los conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales; los convenios de colaboración; los pagos a asociaciones sin fines de lucro; las subvenciones para actividades de I?; las transferencias a corporaciones locales y los proveedores de universidades, aunque estos centros han comunicado su decisión de no acogerse a esta fórmula.

Según los documentos contabilizados hasta la fecha límite fijada por el mecanismo, el Gobierno de Canarias solo tiene acreditada una deuda por importe de estos 34,9 millones que responda a estas áreas de gasto, por lo que se encuentra entre las autonomías con menor endeudamiento.

Por otra parte, el Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el proyecto de ley de medidas aplicables al destino del Fondo Canario de Financiación Municipal durante el año 2013, que permitirá a 49 ayuntamientos pagar deuda a proveedores y ayudas de emergencia social, con parte del dinero que inicialmente la ley reservaba para mejorar el saneamiento de las arcas municipales.

Se trata de una medida coyuntural de apoyo al esfuerzo de saneamiento realizado por determinadas corporaciones municipales canarias, que persigue efectos directos en el ámbito socioeconómico de las Islas en tanto que propicia que las empresas proveedoras de aquéllas, contratistas o prestadoras de servicios, ganen en liquidez y competitividad.

Esta medida también pretende estimular la inversión pública y que se pueda beneficiar de aquélla el segmento de la población más desfavorecido, a través de la aplicación de Fondo Canario a ayudas de emergencia social, ha destacado Marrero, quien ha destacado que esta medida ha sido consensuada por el Gobierno de Canarias con la Federación Canaria de Municipios en el seno de la Comisión de Seguimiento del Fondo Canario de Financiación Municipal.

El Gobierno de Canarias además acordó solicitar al Parlamento la tramitación urgente y en debate de lectura única para este proyecto de ley.

El objetivo es permitir que los ayuntamientos puedan disponer de los fondos lo antes posible y así contribuir este año a aliviar la situación económica de muchas empresas y facilitar la cobertura de las necesidades básicas de la población más desfavorecida por la crisis a través de las ayudas de emergencia.

La intención del Ejecutivo canario es que este texto legislativo sea debatido en el pleno extraordinario previsto para este mes de julio.

El anteproyecto de ley consta de un artículo único que modifica la Ley del Fondo para propiciar que los ayuntamientos menos endeudados y con mayores índices de saneamiento económico financiero puedan destinar la parte del dinero correspondiente a saneamiento -el 50 por ciento del FCFM-, por este orden, a la cancelación de la deuda comercial a 31 de diciembre de 2012, a inversión o a ayudas de emergencia social.

El FCFM de 2013 asciende a 204.467.570,52 euros. Por tanto, el 50 % reservado para saneamiento o inversión equivale a 102.233.785,26 euros. Con la medida adoptada por el Gobierno, se estima que unos 50 millones de euros quedarán disponibles para cubrir objetivos socioeconómicos -pago a proveedores y ayudas de emergencia- en los 49 ayuntamientos que cumplen los nuevos requisitos.

El FCFM distribuye cada año unos 205 millones de euros entre los 88 ayuntamientos. El acceso y posible destino del dinero para la mitad de estos fondos están ligados al cumplimiento de tres parámetros que sirven para medir la salud de las cuentas públicas: ahorro neto, remanente de tesorería y endeudamiento a largo plazo.

La otra mitad, está ligada al cumplimiento de indicadores que miden el grado de corresponsabilidad fiscal: gestión recaudatoria y esfuerzo fiscal.

Para poder acogerse a esta nueva opción, los ayuntamientos deberán haber cumplido con el requisito legal establecido para remanente de tesorería y el endeudamiento a largo plazo y, también, deberán carecer de deuda viva o tener una cuantía inferior a la que les corresponde por el reparto del fondo destinado a saneamiento para este año.

En el caso de la mitad ligada a los parámetros de saneamiento, hasta ahora, los ayuntamientos debían cumplir los mínimos exigidos por la ley en los tres indicadores para poder destinar ese dinero a inversión pública.

Con el cambio que se pretende aplicar ahora, se rebaja este requisito en caso de incumplir con el indicador de ahorro neto (el más complejo en tiempos de crisis) siempre y cuando, sí se haya respetado lo requerido para remanente de tesorería y endeudamiento a largo plazo.