El Gobierno de Canarias reforzará la ayuda a la emergencia social con seis millones de euros, a los que se sumarán 11,5 millones de incremento de la Prestación Canaria de Inserción en el periodo de vigencia de la Estrategia Canaria frente a la Pobreza, entre 2013 y 2015.
Esta línea se desarrollará a través de las organizaciones no gubernamentales que realizan su labor en comedores sociales, alojamiento alternativo o ayuda de primera cobertura, con lo que coadyuvarán con la acción que se está desarrollando desde las corporaciones locales, afirma en un comunicado Inés Rojas, consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias.
La consejera cree indispensable el apoyo, refuerzo y la colaboración de las entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollan una labor imprescindible en la lucha contra la exclusión social.
"Su cercanía con la realidad social y su capacidad para proporcionar una respuesta inmediata las convierte en uno de los instrumentos fundamentales de respuesta a las situaciones de emergencia social", precisa Rojas.
Añade que el Gobierno continuará colaborando en el mantenimiento y ampliación de la red de centros y servicios de atención social básica, y dará prioridad particularmente a los proyectos destinados a la cobertura de necesidades esenciales de alojamiento y alimentación.
Por ello, en el marco de la Estrategia Frente a la Pobreza, la Exclusión Social y a favor del Desarrollo Humano se contemplan un conjunto de medidas y acciones para garantizar el mantenimiento de la actual cobertura social, asegura.
Agrega que Canarias está por encima del Estado en plazas para personas con discapacidad, plazas públicas para personas mayores, en acogimiento familiar de menores, alojamientos para personas sin techo y plazas para mujeres víctimas de violencia.
Además, Rojas destaca la ampliación del presupuesto de la Prestación Canaria de Inserción para el periodo 2013-2015 con un crédito adicional de 11,5 millones de euros.
Igualmente se modificará la Ley de la Prestación Canaria de Inserción para ampliarla a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos, simplificar el procedimiento e incrementar la protección de las familias con menores a cargo, explica.
Al respecto, la consejera de Políticas Sociales anuncia la elaboración de un acuerdo marco con la Federación Canaria de Municipios para dar cobertura a las familias con personas en situación de dependencia y con problemas afrontar su atención.
Con este acuerdo se estima para los próximos dos años y medio dar asistencia a unas 6.000 personas dependientes, lo que generaría unos 1.500 empleos aproximadamente y una inversión de 9 millones de euros.
Para ello, el Gobierno destinará un crédito adicional de 9 millones de euros a la ayuda a domicilio, explica.