El Ejecutivo canario ha instado al Ministerio de Turismo, Industria y Energía a corregir las "graves deficiencias" que ha detectado en el estudio de impacto ambiental de las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno a 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Así lo ha anunciado hoy en un comunicado el comisionado del Gobierno regional para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, quien ha explicado que la comunidad canaria ha instado al Ministerio que dirige José Manuel Soria a "que aporte nueva información" sobre este estudio de impacto ambiental, "al considerar que la documentación ofrecida es muy deficiente".

Este déficit de información "impide realizar alegaciones que puedan conducir a una evaluación ambiental mínimamente real y coherente del proyecto", ha argumentado Ríos.

Ante esta circunstancia, el Gobierno canario "ha exigido al Ministerio la suspensión del plazo de información pública y consultas a las administraciones afectadas hasta que se subsanen estas irregularidades, que impiden que ciudadanos y administraciones puedan realizar alegaciones al informe ambiental realizado por Repsol", agrega el comisionado.

Según el Gobierno canario, la documentación remitida por el Ministerio de Turismo, Industria y Energía "carece de proyecto técnico, lo que no permite detectar si todas las acciones del proyecto que pueden producir impactos están identificadas; ni qué factores ambientales podrían producir impactos; ni qué impactos, de los que se podrían producir, se pueden valorar como significativos".

Por ello, el Ejecutivo regional considera que "no se podría tener certeza de haber adoptado todas las medidas necesarias para eliminar o corregir dichos impactos".

El Gobierno canario también denuncia que el estudio de impacto ambiental "no refleja la titulación ni el DNI de sus firmantes, tal y como exige la ley, ni constan en él diversos informes que se afirman remitir", como "los anexos 1, 2, 5, 6 y 11; el plan de respuesta para episodios de descontrol del pozo; los vídeos de explotación del fondo marino de los sondeos denominados plátano 0, cebolla 1 y naranja 1, o el plan interior de contingencias por contaminación marina accidental".

De igual forma, el comisionado ha criticado en su escrito las "limitaciones" que, a su juicio, el Gobierno ha aplicado a este período de consulta pública, al haber negado la participación de instituciones canarias como sus siete cabildos, los ayuntamientos de Lanzarote y Fuerteventura y los consejos insulares de aguas y las Reservas de las Biosferas de estas dos islas.

El Gobierno canario ha rechazado también que el Ministerio haya establecido en la Delegación del Gobierno en Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, el único lugar de acceso y consulta a la información de este estudio de impacto ambiental, al considerar que ello implica una "merma" para el resto de la comunidad autónoma.