El Gobierno de Canarias presentó el jueves pasado, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJC), su escrito de conclusiones sobre el contencioso que mantiene con los patronos de la Fundación CajaCanarias, mientras que estos últimos había hecho lo propio el pasado 5 de septiembre, por lo que se espera una pronta resolución sobre el conflicto que se abrió cuando el Ejecutivo decretó la nulidad de dicha fundación y nombró una gestora, a principios de año. Ahora, el TSJC está analizando ambos escritos y todo el proceso de la demanda y ha de emitir un fallo.

Los hechos arrancan del momento en que una ley de 14 de noviembre de 2012 obliga a la antigua CajaCanarias a transformarse en fundación de carácter especial antes del 3 de enero de 2013. El plazo era justo de cinco meses desde la firma de la absorción de Banca Cívica (donde estaba la caja tinerfeña) por parte de Caixabank.

El proceso se inició, según han dicho más de una vez los responsables de la fundación, en coordinación con el Gobierno canario. Así, el consejo de administración de CajaCanarias aprobó el 4 de diciembre de 2012 la propuesta de transformación y el 20 del mismo mes la Asamblea General dio el visto bueno a la misma y a la configuración del patronato. La nueva entidad ese día ya había aprobado sus estatutos, confeccionados su presupuesto, planes de acción y de viabilidad, aportado informes externos y auditorías preceptivas y nombrado a los miembros de su patronato, que tomaron posesión ante notario al día siguiente, 21 de diciembre. El Gobierno canario emitió un informe favorable al proceso el 29 de diciembre. Sin embargo, la Comisión Ejecutiva del Protectorado de Fundaciones de Canarias, dependiente del Ejecutivo, resolvió el 18 de enero de 2013 no inscribir la fundación, y así se lo comunicó el día 26.