El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha advertido este miércoles de que el Ejecutivo acudirá a los tribunales si el Estado admite el informe medioambiental de Repsol sobre las prospecciones petrolíferas.

En una bronca comparecencia parlamentaria solicitada por el Grupo Popular, ha dicho que hay "fraude de ley", entre otras cosas, porque la decisión "ya está tomada", y ha calificado el documento de "vago" y "monumento" a la falta de rigor.

"Si el Ministerio de Medio Ambiente no observa los graves vicios de nulidad, invalidez y posible fraude de ley en que se ha incurrido, serán los tribunales los que impidan las prospecciones por incumplir gravemente los requisitos exigidos", ha señalado.

Según Berriel, no hay proyecto técnico ni un estudio alternativo "solvente", al tiempo que no ofrece "conocimiento suficiente" sobre los valores naturales del archipiélago.

A su juicio, "se ha pretendido tapar, con información vacua e innecesaria, la ausencia de conocimiento sobre el riesgo que entraña el proyecto de prospecciones, pues se reconoce, de manera insistente, que la mayor parte de las actuaciones que se pretenden realizar están aún en estudio o en fase de decisión, algo que afirman en el Estudio de Impacto en más de 19 ocasiones".

En su opinión, hay "muchas incertidumbres" relacionadas con la toxicidad y composición de los lodos a emplear para lubricar las perforaciones; su uso y manipulación; los riesgos sísmicos derivados de las técnicas de ''fracking'' o las especies que se pueden ver afectadas por las explosiones, los lodos, o las ondas acústicas.

Para el consejero, el estudio es una "guía genérica" y no un informe "concreto" sobre las prospecciones, y ha insistido en que "deja fuera" aspectos relevantes como la afección a la costa y los sistemas naturales, la zona de captación de agua para la desalinización, los movimientos tectónicos o el impacto socioeconómico en una región que principalmente se dedica al turismo.

Berriel espera, no obstante, que "los graves vicios de nulidad, invalidez, y posible fraude de ley que han sido señalados por informes del Gobierno de Canarias, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y por otras instituciones públicas, científicas, empresariales, profesionales, ambientalistas y ciudadanas puedan ser subsanados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que es el que ahora debe realizar la valoración del proceso seguido y actuar en consecuencia".

El consejero ha dicho que no se trata de "estar a favor o en contra" sino de que en un "país serio" se analice con rigor una acción de este tipo. "Son cosas serias que no se pueden despachar como un trámite ya que tiene incidencia directa sobre el turismo y podemos pagar caras las consecuencias, como en el golfo de México, donde las prospecciones también estaban al límite de la tecnología. ¿Merece la pena el riesgo?", se ha preguntado.

Por el Grupo Popular, Manuel Fernández ha criticado los "disparates" del presidente canario, Paulino Rivero, al hablar de nulidad y fraude de ley, y ha incidido en que un informe medioambiental "no prohíbe nada", sólo "corrige" problemas que se presenten. BENEFICIOS PARA MARRUECOS

Además, ha destacado que Marruecos hace prospecciones y se va a llevar los beneficios, y ha negado que haya afecciones a la extracción de agua --poniendo el ejemplo de Bahrein-- o que se vaya a utilizar el ''fracking''.

Fernández ha minusvalorado también el posible rechazo social contra las prospecciones tras el escaso apoyo a las vigilias nocturnas, y ha señalado que ya se han rechazado seis recursos judiciales.

Asimismo, ha dicho que solo va a haber "dos pequeños pinchacitos" frente a las 1.600 extracciones que hay en el Mar del Norte, y ha destacado que Repsol es una empresa española y, por tanto, los beneficios se quedarán en España. "Voy a luchar para que Marruecos se lleve el menor petróleo posible y haya riqueza para los canarios", ha comentado.

Por el Grupo Nacionalista, Claudina Morales ha comentado que todo el proyecto de prospecciones está plagado de "irregularidades" ya que en 2001 no había documento de impacto ambiental "y después se nombró secretario de estado de Industria a un alto cargo de Repsol".

"Este informe es una copia calcada de los informes de la Costa del sol de extracción de gas, y el PP parece representante de Repsol", ha indicado.

Manuel Fajardo, del Grupo Socialista, ha subrayado que el informe ha sido encargado por una "empresa privada" --aunque ha contado con participación de la comunidad científica durante más de seis meses de trabajo--, y ha incidido en que es "insuficiente" y una "chapuza" para cumplir un plan. "Es impreciso, y Arias Cañete debe rechazarlo de plano porque no ha contado con la población canaria", ha explicado. AMBIGÜEDAD DEL PIL

Por el Grupo Mixto, Fabián Martín (PIL), de quien Berriel ha criticado su "ambigüedad", ha señalado que el estudio sí habla de afección a las costas y daños "desastrosos" en Lanzarote y Fuerteventura. "En este tema hace falta más rigor", ha comentado.

El momento más tenso de la comparecencia ha sido cuando Fernández ha acusado a Fajardo de "mentir" al decir que en la última sesión sobre las prospecciones, el diputado popular llamó "gilipollas" a los canarios que se oponían a las prospecciones. "Manipuló y mintió, yo solo leí un artículo", ha señalado.

Fajardo, en cambio, se ratificó en su queja e incluso, leyó el relato en el diario de sesiones. El presidente de la Cámara, Antonio Castro, terció en la disputa y sentenció que el pleno no es un "juicio", ante las críticas de la portavoz del PP, Australia Navarro.