El Gobierno de Canarias aprobó hoy la firma de un convenio con el Cabildo de Lanzarote para la encomienda de gestión de diversas infraestructuras en la isla y que supondrán una inversión de 1.200.000 euros incluida en el proyecto "Estrategia de Mejora del Espacio Público Turístico".
La financiación de este proyecto corre íntegramente a cargo del Gobierno de Canarias, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero.
Las obras que se llevarán a cabo son la iluminación del Castillo Las Coloradas y quiosco de servicios en Playa Blanca (Yaiza) (150.000 euros); reparación de muro de contención y pretil en la Avenida Marítima de Playa Quemada (Yaiza),(50.000);acondicionamiento y mejoras en el entorno de la Isleta-La Santa (Tinajo) (250.000) y el centro de información turística municipal en Arrecife (150.000).
Asimismo está incluido el acondicionamiento de baños y accesibilidad a la Playa del Reducto (Arrecife)(134.859,91); la realización y acondicionamiento de aceras en la avenida de Las Palmeras de Costa Teguise (138.920); la renovación superficial de asfalto y señalización en el aparcamiento Celeste de Costa Teguise (104.951) y del de La Cucharas de Costa Teguise (82.140,09) y la vía ciclista insular (139.129 euros).
El Gobierno también ha aprobado la modificación del convenio de colaboración suscrito entre la administración del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo insular de Tenerife, y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz el 20 de julio de 2010, para la rehabilitación de las infraestructuras turísticas de este municipio.
Según la información del Gobierno, las distintas administraciones participantes partes establecieron el régimen de colaboración para posibilitar una pronta y eficaz rehabilitación de las infraestructuras turísticas del Puerto de la Cruz.
No obstante, la aprobación del Plan de rehabilitación de las infraestructuras turísticas (PRIT) de Puerto de la Cruz del 1 de junio de 2012 hace necesario modificar los términos del convenio para concretar en detalle el destino de la financiación aportada inicialmente por las distintas administraciones, estimándose igualmente necesaria incorporar financiación adicional, según el Gobierno.