El Gobierno de Canarias mantiene su voluntad de continuar con el proyecto de Chillida en Tindaya, que no supondrá coste alguno para las arcas públicas porque se hará por concesión administrativa, ya que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) no afecta a la ejecución del monumento.

El portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, se expresó de este modo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno autonómico, y en la que precisó que el Ejecutivo "acata" la sentencia del TS por la que desestima su pretensión de recuperar el dinero adelantado a las empresas que iban a construir el monumento ideado por Chillida en la citada montaña.

Además, la sentencia es firme y, por lo tanto, no cabe recurrirla, prosiguió el portavoz canario, para quien tampoco hay que "asumir ni imputar" errores por este hecho ya que no es "coherente" con la cronología.

Recordó Marrero que los hechos objetos de la decisión judicial se remontan a un contrato firmado por el Gobierno canario y la UTE conformada por FCC y Entrecanales el 24 de febrero de 1999.

"Retóricamente puede quedar bien lo de asumir errores, pero no viene al caso", subrayó.

Los sucesivos ejecutivos autonómicos han intentado posteriormente "resarcirse" de las cantidades anticipadas a la UTE, unos 12,73 millones de euros, alegando incumplimiento de las condiciones por parte de las empresas, pero las diferentes instancias judiciales no lo han entendido así, recordó el portavoz.

"Ha sido una larga historia con distintos avatares judiciales" y el Gobierno canario ha contado con respaldo parlamentario para intentar recuperar la citada suma de dinero, manifestó.

Por su parte, la presidenta del PP en Fuerteventura, Águeda Montelongo, lamentó que el sueño del proyecto de Eduardo Chillida para Tindaya se haya convertido "en una pesadilla muy cara que ahora costará 22 millones de euros sin mover una sola piedra".

La también diputada regional lamentó que lo único que se ha hecho hasta el momento es "fotografías en Madrid previas a la campaña electoral para vender un proyecto que iba a estar finalizado esta legislatura".

Mientras, Ecologistas en Acción solicitó que el proyecto de Chillida sea definitivamente retirado, que se investigue a los responsables del "desfalco" de más de 41 millones a las arcas públicas, y que se exija la responsabilidad patrimonial a los máximos responsables.