Sí, pero no. Con esa contradicción resumen los sindicatos el rechazo a la propuesta del Gobierno de Canarias para devolver el dinero que redujo a más de 3.300 empleados temporales, indefinidos e interinos entre enero y abril de 2013.

Sí, porque consideran que el anuncio en sí de la devolución supone corregir "una injusticia"; y no, porque se niegan a que el reintegro de las retribuciones detraídas implique cualquier prestación de servicios y renunciar a mantener sus demandas judiciales.

Ayer, en una nueva reunión con el director general de Función Pública, Aarón Afonso, todas las organizaciones sindicales mostraron su negativa a aprobar, en su redacción actual, el texto que propone el Ejecutivo.

Fuentes de Comisiones Obreras (CCOO), por ejemplo, argumentaron su negativa al considerar que, como mínimo, se debe aplicar la primera sentencia sobre este asunto, que obliga al abono de la totalidad de las retribuciones sin ninguna prestación de servicio. "De no existir negociación, sino una nueva imposición, no firmaremos dicho acuerdo", advirtieron desde CCOO.

En UGT fueron, incluso, más allá. Fuentes de este sindicato defendieron que el trabajo que ahora se le reclama a aquellos que se acojan a la medida "ya fue hecho" por otros compañeros. Por eso, pidieron un "acuerdo consensuado", esto es, que no se pida recuperar esa jornada laboral.

"Si es así hablamos con todos los afiliados de las organizaciones sindicales para que desistan de las demandas individuales y el Gobierno no tenga que pagar los intereses", subrayaron. Es decir, un sí al acuerdo, pero sin condiciones.

Claro que la reunión y la reacción de los sindicatos se produjo unas horas antes de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife suspendiera la ejecución de la sentencia que da la razón a una interina a la que se aplicó la reducción del 20%.

El Gobierno canario recibió la notificación de una providencia en la que admite a trámite el incidente de nulidad presentado por sus servicios jurídicos el 15 de noviembre, y en dicha resolución suspende la ejecución de la sentencia.

El Ejecutivo tenía previsto llevar hoy al Consejo de Gobierno el acuerdo con los sindicatos. Ayer, sin embargo, desconocían cuál iba a ser el siguiente paso.