Un día después del rechazo sindical, con matices, a la medida propuesta y mostrando cierta firmeza en el asunto, el Gobierno canario autorizó ayer la formalización de la oferta de acuerdo individual para los 3.473 empleados públicos afectados por el recorte de sueldo y jornada en un 20%, para proceder a la restitución de las retribuciones reducidas entre enero y abril de 2013.

A cambio, los trabajadores beneficiados se comprometerán a trabajar las horas proporcionales durante el año 2014 y de retirar los recursos judiciales presentados.

Tras el Consejo de Gobierno, el consejero regional de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, sostuvo que el Ejecutivo cumple así la "voluntad política" expresada la semana pasada y pone en marcha el sistema para hacer efectivo estos acuerdos en el menor plazo posible.

Así, cada uno de los 3.473 empleados deberá valorar su caso de forma individual y voluntariamente optar por adherirse o no al acuerdo que le ofrece el Gobierno regional. La formalización del mismo debe producirse antes del 13 de diciembre.

El Gobierno se compromete con cada trabajador que así lo exprese formalmente al suscribir el acuerdo a pagar la parte proporcional que vio reducida durante cuatro meses en sus retribuciones antes de que finalice este año.

El Ejecutivo difundirá las condiciones del acuerdo por los canales de comunicación interna habituales en la gestión de Función Pública de la Administración Autonómica (web del empleado público, correo electrónico masivo). Además, publicará el acuerdo de Gobierno y su anexo en el Boletín Oficial de Canarias.

Las condiciones para que los trabajadores públicos que se adhieran al acuerdo recuperen las horas de trabajo reducidas serán establecidas por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y en ellas se aplicarán criterios "flexibles" que faciliten el cumplimiento del compromiso y traduzcan el mismo en una mejor prestación del servicio público.

Cierto alivio en los sindicatos

La decisión del Gobierno canario de formalizar la oferta de acuerdo individual fue acogida ayer con cierto alivio por los sindicatos con representación en la Mesa General de Empleados Públicos. ¿Por qué? Las organizaciones sindicales habían defendido que como quiera que esta era una decisión "individual" de cada empleado afectado, era el Gobierno el que tenía que dar el paso. La razón parece clara. Los sindicatos querían evitar agravios con aquellos trabajadores que, por la razón que fuera, quisieran seguir adelante con el proceso judicial, incluso si se apoyaba el acuerdo del Ejecutivo.