El Gobierno de Canarias no ha recibido aún ninguna propuesta del Ejecutivo central para que asuma las competencias sobre el profesorado de Religión de Infantil y Primaria, pese a que el Estado ha planteado esta opción para ahorrarse 97 millones de euros al año.
Canarias es -junto a Andalucía, Aragón y Cantabria- una de las pocas comunidades autónomas que todavía no han asumido los gastos de este personal. La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, constituida por acuerdo del Consejo de Ministros, ha recomendado proceder a ese "traspaso pendiente".
El informe de la comisión detalla que la Administración del Estado pagó el curso pasado las nóminas de 2.988 profesores de Religión. De ellos, 563 impartían clase en Canarias, 2.059 en Andalucía, 264 en Aragón y 102 en Cantabria, además de a 137 sustitutos, que supusieron un desembolso cercano a los 97 millones.
La comisión subraya que, dado que el Ministerio de Educación no tiene servicios propios fuera del ámbito de Ceuta y Melilla y de los servicios centrales del departamento, "no es factible gestionar adecuadamente desde estos al profesorado de Religión", lo que da lugar, por ejemplo, a un "control inadecuado" en el caso de las ausencias de trabajo o bajas por enfermedad. Según esta comisión, puede haber "consecuencias indeseadas" como el "índice de absentismo elevado" y su consiguiente coste con la contratación de profesores sustitutos.
También sostiene que los problemas que motivaron la negativa de estas comunidades a asumir las competencias sobre este profesorado -su "discutida condición jurídica" y la equiparación de sus retribuciones a las de los interinos- ya han quedado resueltos. Por ello, no hay "razón alguna que justifique la falta de traspaso", según la comisión.
Por su parte, la Consejería de Educación del Gobierno canario alega que la reducción del presupuesto que el Estado destina a estos profesores "hipoteca la negociación sobre una posible transferencia".
Insiste, igualmente, en que no ha recibido "ningún documento del Ministerio de Educación que contenga o establezca propuesta alguna concretando una posible transferencia, ni aclarando los detalles y condiciones al respecto", como el coste que supondría para la Comunidad esta acción, los litigios pendientes con los trabajadores, el coste de la plantilla y su proyección futura, las compensaciones a la Comunidad por el aumento de la carga administrativa, entre otros aspectos.