"No se aprecia fundamento constitucional y estatuario para sostener el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, en relación con la Disposición Final Segunda del RDL 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, desde la perspectiva de la vulneración de las competencias autonómicas".
Así de contundente se muestra el Consejo Consultivo de Canarias, en un dictamen solicitado por el Gobierno regional sobre la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad frente al citado real decreto.
Como se recordará, la mencionada norma, aprobada por el Ejecutivo del PP, introducía modificaciones en la imposición sobre las medidas alcohólicas y el tabaco, y establecía cambios en la responsabilidad financiera derivada de la gestión de fondos procedentes de la UE, entre otros asuntos.
Precisamente, sobre esta última cuestión giraba la reclamación del Ejecutivo, pues la nueva norma contempla la posibilidad de que el Estado retenga fondos procedentes de la UE, cuando entienda que se produce una infracción del Derecho comunitario por parte de la comunidad autónoma.
El Gobierno canario admite que el Estado puede "dotarse de instrumentos para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones supranacionales", pero discute que pueda hacerlo mediante la invasión de las competencias autonómicas. Además, el Ejecutivo regional entiende que la Administración estatal no ha justificado la "extraordinaria y urgente necesidad", imprescindible para emitir un real decreto ley.
El Consultivo enmienda la plana al Gobierno canario al remarcar que el cumplimiento de la sanción y su repercusión a la administración o administraciones incumplidoras "ha de quedar residenciado en la competencia estatal, sin que por ello pueden entenderse afectadas las competencias estatutariamente asumidas por las comunidades autónomas".
Y en esta línea, el órgano consultivo sostiene que la extraordinaria y urgente necesidad no siempre tiene que estar en el real decreto, sino que podrá deducirse de una "pluralidad de elementos", como, a su entender, así ha sido.
En el presente dictamen emitieron un voto particular los consejeros Alfredo Belda y Augusto Lorenzo, que sí consideran viable y ajustada a derecho la reclamación ante el Constitucional.
El PP ya advirtió del "desprestigio"
Al margen del dictamen del Consejo Consultivo, el Partido Popular, a través de su diputado Miguel Cabrera Pérez-Camacho, advirtió hace pocas fechas, en un pleno del Parlamento de Canarias, del "desprestigio" que, a su juicio, está sufriendo Canarias por los constantes varapalos del Gobierno regional en los altos tribunales.
En una comparecencia parlamentaria, Pérez-Camacho aseguró que la política de recursos perdidos del Ejecutivo canario tiene un alto coste "político, económico y moral".
El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, sin embargo, defendió que el Gobierno solo hace uso de los mecanismos del Estado de Derecho, y advirtió de que no dejarían de acudir al Tribunal Constitucional siempre que consideren que se haya producido una invasión competencial o se vulnere el ordenamiento jurídico.
"Si no lo hacemos sería una dejación de este Gobierno", aseveró González Ortiz.
En lo que va de legislatura, el Gobierno canario ha recurrido al Constitucional en más de una decena de ocasiones.