Los proveedores de los cabildos insulares y de los distintos ayuntamientos de Canarias pueden cobrar desde ayer 59,43 millones de euros correspondientes a 8.632 facturas pendientes de pago, según informó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Esta cantidad se abona dentro de la tercera fase del Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno central.

En el caso de Canarias, solo queda pendiente de abonar un segundo tramo de 66 millones para proveedores de la Administración regional.

Los 59,43 millones de euros cuyo pago se puso ayer en marcha se reparten entre 18 administraciones locales y benefician a unos 900 proveedores, en su mayoría pymes y autónomos.

Las mayores cantidades corresponden a los ayuntamientos de La Laguna (Tenerife), con 18,5 millones; Telde (Gran Canaria), con 17,8 millones; Las Palmas de Gran Canaria, con 17,7 millones; y Puerto de la Cruz (Tenerife), con 2,5 millones, según indicó la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, informó Efe.

En su conjunto, los tres planes de pago a proveedores han permitido abonar en Canarias más de 155.000 facturas pendientes por servicios prestados a las administraciones públicas, cuyo valor supera los 823 millones de euros.

De esa cantidad, 447,1 millones corresponde a deudas de los ayuntamientos, 321,7 millones a compromisos pendientes de pago del Ejecutivo regional y 54,8 millones a facturas sin abonar de los cabildos.

En el conjunto de España, los planes de pago a los proveedores de las comunidades autónomas y las entidades locales han permitido saldar más de ocho millones de facturas pendientes, por un valor que supera los 42.000 millones de euros.

"Esta es una de las medidas más importantes que el Gobierno de España ha puesto en marcha. Ha contribuido a devolver liquidez a las empresas y a darles una posibilidad de continuidad en muchísimos casos", señaló Hernández Bento.

El Plan de Pago a Proveedores, en sus tres fases, pagará más de ocho millones de facturas, que ascienden a casi 42.000 millones de euros y que beneficiará a más de 230.000 proveedores de las administraciones territoriales.

Asimismo, los mecanismos de pago a proveedores puestos en marcha por el Gobierno de España se estima que habrán conseguido mantener aproximadamente 400.000 puestos de trabajo.