Las semanas de negociaciones entre los trabajadores y la dirección del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) para evitar los despidos en el centro no han dado ningún fruto. La Consejería de Empleo, Industria y Comercio, de la que depende la empresa pública, ha anunciado que ejecutará un expediente de regulación de empleo, aunque afectará a menos empleados de los inicialmente previstos.

El Consejo de Administración del ITC se reunió ayer, aprobó por unanimidad iniciar el ERE y determinó que los despedidos serán un máximo de 50, frente a los aproximadamente 80 que se habían barajado en un principio, una cifra que hubiera supuesto prescindir de la mitad de la plantilla.

La Consejería argumenta que se ha visto obligada a proceder al ERE después de que los representantes de los trabajadores -en huelga desde hace dos semanas- se negaran a escuchar los detalles de su propuesta para asegurar la viabilidad del instituto, inmerso en una situación de déficit ocasionada, entre otros motivos, por la drástica reducción de las subvenciones que le destina el Gobierno.

La Administración interpreta que el comité de huelga rompió el diálogo al oponerse a que el gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria diera explicaciones sobre las condiciones en que parte de la plantilla se integraría en la Fundación Parque Científico Tecnológico, de la que la institución académica es patrona, tal y como pretende el Gobierno. "La única salida que han dejado al Consejo de Administración al rechazar la oferta es el ERE", indicó el Ejecutivo en un comunicado.

No lo ven de esta manera los representantes del personal, que afirman que la dirección de la empresa admitió que el gerente de la ULPGC acudió únicamente para responder a las preguntas de los trabajadores y que, al no plantearse ninguna, abandonó la reunión. De hecho, sostienen que se habían alcanzado puntos de coincidencia que hacían viable el mantenimiento del instituto, en parte por la disposición de los empleados a reducir sus sueldos.

La aprobación del ERE implica el inicio de un proceso que pasa por la formalización del expediente para a continuación constituir la mesa de negociación, que tendrá un mes para alcanzar un acuerdo.

La propuesta de la dirección del ITC preveía que 105 trabajadores pasaran a depender de la Universidad de Las Palmas, así como una bajada salarial del 5% y la eliminación de varios complementos retributivos.

Nueva Canarias (NC) censuró ayer la decisión del Gobierno de CC y el PSOE de ejecutar el ERE extintivo del ITC. Román Rodríguez afirmó que la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo, ha engañado a los trabajadores y a la opinión pública al "simular" una negociación que ha culminado con la determinación, reflejada en el proyecto de ley de presupuestos para 2014, de desmantelar esta empresa pública. Según Rodríguez, el departamento de Luengo rompió primero, de forma unilateral, las conversaciones con el comité de empresa, "cuando la mesa de negociación avanzaba en el diálogo", para que, a continuación, el consejo de administración decidiera, "en solitario", ejecutar el ERE.

NC censura la ejecución del ERE