El Gobierno impedirá, si es preciso con un recurso de inconstitucionalidad, "el intervencionismo" que aplica el Ejecutivo canario con la Ley de Renovación y Modernización Turística, que puede llevar al cierre del mercado en Gran Canaria, advirtió ayer el ministro José Manuel Soria.
En la inauguración del I Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria el ministro de Industria, Energía y Turismo, se refirió así a esta norma que limita la construcción de nuevos hoteles de cuatro estrellas en Gran Canaria, cuya máxima capacidad alojativa se sitúa en las 180.000 plazas, según su Plan Insular de Ordenación, frente a las 130.000 que se ofertan en la actualidad.
En la conferencia inaugural de este foro, Soria recordó que el Gobierno y la administración canaria tratan de llegar a un acuerdo sobre esta ley en el seno de la comisión bilateral previa a la presentación de un recurso de inconstitucional. De lo que se trata, dijo, es de "impulsar en Canarias un marco legal necesario para impulsar las cosas, no para entorpecerlas, ni para dificultarlas".
En opinión del ministro, la rehabilitación de infraestructuras y establecimientos turísticos en las Islas es "fundamental", pero ha subrayó que "también tiene que ser posible que si un empresario tiene una tipología de hotel, un proyecto, la financiación y la parcela, y quiere que sea de cuatro estrellas, también tiene que tener esa posibilidad.
Soria recalcó que "hay muchos turistas que vienen a Canarias buscando" ese tipo de establecimiento y advirtió de que si no se llega a un acuerdo en este asunto y "persisten los aspectos inconstitucionales" de esta ley, en opinión de la Abogacía del Estado, se presentará ese recurso.
Soria destacó que el sector turístico es de los pocos que está dando señales favorables en este contexto económico adverso y aseguró que, por ello, el Gobierno "será firme en la defensa de la libertad empresarial" frente a "la eterna tentación" de las administraciones intervencionistas.
"No vamos muy sobrados de empleo como para permitir un intervencionismo como este, que puede llevar al cierre del mercado y que vulnera el principio de la libre competencia. El Gobierno no puede quedar impune ante tal estado de cosas", aseveró.