El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha denunciado hoy que el 8 por ciento de las quejas que recibió su institución durante 2012 tienen que ver con la vivienda, tanto por su falta como por problemas de pagos de hipotecas y de alquileres, y que este año el porcentaje ha crecido.

Saavedra se ha reunido hoy con la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Sulbey González, para evaluar las quejas ciudadanas relacionadas con ésta área del Gobierno regional.

A través de un comunicado, Saavedra ha recordado que la vivienda es "uno de los graves problemas" de la sociedad canaria y que se ha visto "considerablemente incrementado" en los últimos años con la crisis económica, sufriendo muchas familias del archipiélago situaciones "auténticamente dramáticas" al no poder hacer frente al coste de las hipotecas y los alquileres.

En este sentido, el Diputado del Común ha llamado la atención sobre el hecho de que muchas de las quejas que recibe están "estrechamente vinculadas" con la problemática de la vivienda.

En su opinión, Canarias se encuentra ante un problema que "no cesa de crecer" y que requiere, de forma urgente, "medidas paliativas que pongan freno a este drama social".

Jerónimo Saavedra se ha interesado sobre la situación del parque de viviendas públicas que se encuentran vacías en estos momentos en las islas y la situación de programas como la Hipoteca Joven, destinado a la adquisición de la primera vivienda para los jóvenes.

Asimismo, ha abordado con Sulbey González la situación presupuestaria en que queda su organismo para el ejercicio de 2014.

El Diputado del Común ha valorado la labor que realiza el Gobierno regional para hacer frente a esta problemática a través del Instituto Canario de la Vivienda, si bien ha pedido "un esfuerzo mayor para afrontar esta realidad social, que culmina en graves tragedias como los desahucios".

Saavedra ha recordado que el acceso a una vivienda digna es un derecho de los ciudadanos españoles, recogido en la Constitución, en el que se pone de manifiesto también la obligación de "los poderes públicos" de promover "las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacerlo efectivo".