El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, sostuvo ayer en el pleno del Parlamento de Canarias que la responsabilidad de la sentencia del Tribunal Supremo que desestima la pretensión del Gobierno regional de recuperar el dinero adelantado para construir el proyecto monumental de Tindaya es responsabilidad de anteriores ejecutivos.
Durante una comparecencia parlamentaria solicitada por los grupo popular, nacionalista y socialista para hablar del proyecto monumental montaña de Tindaya, Berriel insistió en que la voluntad del Gobierno es continuar con el proyecto ideado por el escultor Eduardo Chillida.
El consejero recordó que el contrato se firmó el 24 de febrero de 1999 y respondió a la consejera del grupo Popular Águeda Montelongo que en el Gobierno de Canarias en aquel momento eran consejeros los populares Gabriel Mato, María Eugenia Márquez y Lorenzo Suárez.
El consejero contestó a la diputada popular que puede pedirle responsabilidades políticas por lo que ha hecho él, pero no acepta que se las pidan por lo que han hecho otras personas en otros gobiernos.
La diputada del grupo Popular Águeda Montelongo responsabilizó a Coalición Canaria del "largo, tedioso y vergonzoso" recorrido judicial de este proyecto y señaló que el Supremo critica la actuación del Gobierno canario, al que acusa del gasto realizado.
Montelongo reclamó responsabilidades a CC por las actuaciones realizadas por los presidentes Manuel Hermoso y Román Rodríguez , y aseguró que para su partido el futuro del proyecto es imposible sin abordar responsabilidades cuando han desaparecido 25 millones de euros y no se ha hecho nada.
La diputada popular insistió en reclamar responsabilidades políticas, alegó que el PP no estaba en este "pelotazo" y reconoció que cree en el proyecto de Chillida, pero no en el Ejecutivo canario, porque "esto no está resuelto y mira para otro lado".
Domingo Berriel respondió que no se han perdido 25 millones de euros
El portavoz socialista, Manuel Fajardo, admitió que la sentencia del TS no es una cuestión baladí, reclamó la máxima transparencia y acusó de conducta negligente a quienes han conducido el proceso.
Claudina Morales, de CC, recordó que el Gobierno pagó 12 millones por informes que no se han hecho y reconoció que es una vergüenza lo ocurrido y que debería haber responsables, que serían quienes fiscalizaron el contrato.