La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha emitido un auto por el cual impone a Izquierda Unida una fianza de seis mil euros para ejercer la acción popular en el proceso que sigue contra el senador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo (CC) por un posible delito de prevaricación.
El presunto delito está relacionado con unas obras que se realizaron en 2003 en un edificio municipal, y en el auto firmado el 20 de diciembre pasado se da a Izquierda Unida (IU) ocho días de plazo para presentar la fianza.
El Tribunal Supremo, que admitió el 11 de diciembre que IU ejerciese la acusación popular en el proceso, había solicitado al Senado con anterioridad, el 29 de mayo, el suplicatorio para inculpar al parlamentario.
El instructor de la causa es el magistrado Luciano Varela, quien en el auto que dio lugar al suplicatorio contra Miguel Zerolo señalaba que el imputado pudo cometer prevaricación al dictar "resoluciones conociendo que eran notoriamente contrarias a elementales normas relativas al régimen de contratación de obras por el Ayuntamiento".