El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, de ''manejar'' el debate sobre la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) de "forma muy insensata".

En este sentido, ha señalado que los contactos de Rivero sobre la propuesta del REF son para "satisfacer" su agenda política, incidiendo en que Rivero "ha manejado este expediente de forma irresponsable", ya que el documento sobre la reforma del REF debe entregarse en Madrid el próximo mes de febrero, según informó NC en nota de prensa.

Al respecto, apuntó que se han "perdido" dos años de esta legislatura, y como consecuencia de la decisión de la Comisión Europea de prorrogar el REF en 2014 y del encuentro del pasado miércoles entre Rivero y el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, el presidente canario "reabre el debate y lo hace además sin evaluar" el impacto de los mecanismos fiscales y económicos contenidos en el modelo en vigor.

En este sentido, agregó que el debate del REF llegó al Parlamento a mediados de 2012, proceso que concluye en julio de ese mismo año "con un documento unánime que el Ejecutivo --canario-- mandó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas".

Así, NC pregunta "qué va a pasar, se mandará un nuevo documento" al Gobierno del PP. Añadió que las "diferencias" en el Gobierno canario, entre CC y PSOE sobre la conveniencia de vincular esta reforma con la del Estatuto de Autonomía, que "saben que no se aprobará por la negativa del PP", consideró que muestran "poco respeto" por las decisiones del Parlamento en esta materia.

NC calificó de "oscurantismo" el practicado "al negar" documentación a los grupos parlamentarios, así como se refirió a la "poca claridad" de estos nuevos contactos. "Son muestra más que suficiente de que la nueva estrategia del jefe del Ejecutivo sirve para satisfacer su agenda política", resaltó.

Por último, apuntó que los elementos "claves" de la negociación, tales como son las bonificaciones a la Seguridad Social, la exigencia del cumplimiento de los aspectos económicos (las ayudas a la desalación y al transporte, entre otros) y la garantía de que los incentivos fiscales del REF "no se lleven al exterior ni se mencionan".