La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, ha reiterado hoy que garantiza a las tres cámaras de la provincia de Las Palmas el único puesto de vocal vacante en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

Luengo recuerda en un comunicado que la normativa actual requiere el consenso previo entre las cámaras para elegir al representante que ocuparía el puesto y ese consenso no se ha producido, lo que impide que la Consejería realice una propuesta de nombramiento al Gobierno de Canarias.

La consejera indica que "ante el escenario que había -y sigue habiendo- de la falta de consenso entre las tres cámaras, se ha buscado una solución con criterios de justicia, equidad y objetividad que permita que las tres estén representadas en un solo puesto vacante".

"La vacante ya dura demasiados años y las cámaras se merecen participar activamente en los asuntos que afectan a los puertos de sus islas, así como a la actividad que desarrollan las cámaras".

Por ello la consejera asegura que ninguna cámara se quedará sin representación, "lo que ocurre es que aplicaremos un criterio justo que corrija la posición predominante que siempre tendrá la cámara de Gran Canaria si se aplicara de forma exclusiva el del número de empresas que pide su presidente, Sánchez Tinoco".

El hecho de que la Cámara de Gran Canaria tenga más empresas que las de Lanzarote y Fuerteventura "ocurrirá siempre, y por tanto, nunca podrán participar en el juego democrático de la representatividad, por ello el Gobierno va a corregir esa disfunción del sistema que discrimina a las que menos tienen por el mero hecho de tener menos", señala la consejera.

Luengo pide a Sánchez Tinoco que "no utilice a Gran Canaria para defender intereses exclusivamente particulares de su ámbito profesional" y le señala que su propuesta "castiga a las cámaras de Lanzarote y Fuerteventura en beneficio exclusivo de la Cámara de Gran Canaria porque que hay un solo puesto para las tres cámaras".

Asimismo, indica que el reparto de fondos que hace el Servicio Canario de Empleo (SCE) es "justo y se hace en función del número de desempleados que tengan los municipios, el mismo criterio que utiliza la UE para repartir fondos a España".

La Consejería niega rotundamente que haya criterios partidistas en su gestión, y prueba de ello es que ciudades como Las Palmas de Gran Canaria y Telde, gobernadas por el PP, han tenido el mismo trato y recibido los mismos fondos que las ciudades de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.