El Consejo de Gobierno ha acordado este jueves apoyar el contenido de la carta que el presidente canario, Paulino Rivero, remitió ayer a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la que le solicita que paralice la licitación de la línea marítima Península-Canarias hasta que se pueda garantizar la conectividad con Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.
El pasado 8 de enero se anunció en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la licitación del concurso para la gestión de servicios de la línea marítima de interés público Península-Canarias, en la que la conexión con las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma no aparecía como una obligación, como se ha hecho en anteriores convocatorias, sino como una mejora, dotando a la naviera que lo ofrezca de 50 puntos de los 200 posibles por distintas mejoras.
En este sentido, el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha indicado que se pide a Fomento que someta la línea a un nuevo concurso con un pliego donde sea obligatoria la conexión con las citadas islas, ya que de no ser así supone dejar a estas islas "desasistidas unas conexiones que son vitales" para Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.
Asimismo, agregó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que de confirmarse esta licitación causaría "un impacto económico negativo que se traduciría en un incremento de los costes derivados de la doble insularidad" y "pérdida" de competitividad para las industrias.
Otro de los efectos que cita el Gobierno regional es la posibilidad de que se produzca un "notable incremento" en los precios de los fletes, además de "atentar" contra los artículos 138.1 y 158.1 de la Constitución relativos a la realización efectiva del principio de solidaridad y de garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.