UGT y CCOO en Canarias denunciaron ayer que el consejero regional de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, ha tratado de "comprar sus voluntades" al ofrecerles subvenciones para paliar la pérdida de recursos que sufren tras la supresión de sus liberados institucionales.
Según aseguraron los secretarios generales de ambos sindicatos, Gustavo Santana y Juan Jesús Arteaga, respectivamente, esta fue la propuesta que les planteó Spínola el pasado 3 de enero en un encuentro posterior a la resolución aprobada por el Gobierno regional el 26 de diciembre y que ha supuesto la eliminación de sus liberados institucionales, encargados de desarrollar el diálogo social.
Estos sindicatos rechazaron este planteamiento, al considerar que el consejero trató de "comprar voluntades" con "favores o concesiones" que pueden acarrear "contrapartidas y condicionantes".
A juicio de UGT y CCOO, el mecanismo por el que se otorguen estas subvenciones debe estar regulado por una ley de participación institucional, como las que operan en cinco comunidades españolas, y que en Canarias "está consensuada y guardada en un cajón desde 2005".
Santana y Arteaga subrayaron que esta resolución ha sido "la puntilla" que ha llevado a la ruptura del diálogo social en el Archipiélago, ya que "anula todos los acuerdos que les dotaban de recursos para atender a las setenta mesas constituidas en las Islas en el ámbito de la concertación social".
Los secretarios generales de UGT y CCOO recriminaron a Spínola que se haya convertido en "el adalid de las políticas antilaborales y antisindicales" en Canarias y consideraron que el socialista es uno de los actores políticos a los que "no gusta la opinión de los sindicatos".
El Gobierno, por su parte, expresó su "perplejidad" con estas acusaciones, y, a través de su portavoz, Martín Marrero, indicó que el Ejecutivo está obligado a aplicar la nueva normativa estatal que limita el uso y disponibilidad del crédito sindical, que en la práctica supone una reducción del número de horas y de los liberados sindicales.
En el marco de la Administración pública, el Gobierno inició una negociación con los sindicatos y en noviembre pasado se logró "un acuerdo unánime" en cuanto a la representación en el que UGT y CCOO mostraron su acuerdo, recordó Marrero.
Por otra parte, se encuentran los liberados sindicales regulados por los acuerdos de concertación social, que canaliza la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por lo que la acusación contra Spínola "carece de sentido", dijo.