Una pareja con tres hijos de entre tres y 14 años se verá abocada al desahucio de una casa vacía que ocupó hace un año en Las Palmas de Gran Canaria sabiendo que carecía de medios para pagar un alquiler, si no logra un acuerdo con la entidad bancaria a la que pertenece, BBVA.

Los representantes legales del banco se han negado a negociar una fórmula para que esa familia permanezca en su residencia actual, una casa terrera del barrio de Lomo Apolinario que decidió ocupar en enero de 2013 con apoyo de la plataforma Stop Desahucios tras haber dejado su anterior vivienda, al verse sin dinero para abonar el alquiler de 360 euros mensual que costaba.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado hoy una vista previa por esos hechos, en los que se ha dado opción a esta familia de pagar una multa y desalojar la casa en 72 horas o de enfrentarse a un juicio rápido.

El juez encargado del caso ha establecido que procedía imponer a los encausados una multa de 1.080 euros, a razón de seis euros por día durante seis meses, y que debían dejar la vivienda en un plazo de tres días, según ha relatado Rosa Moreno, una de las imputadas.

También les ha advertido de que, en caso de que se negaran a hacerlo, fijaría una nueva vista para juicio que se celebrará previsiblemente dentro de dos semanas.

Conforme a lo que le ha contado tras asistir a la vista de hoy su abogado, que no ha hablado para los medios de comunicación que aguardaban con Rosa Moreno a las puertas del juzgado, las alternativas que tenía la familia eran aceptar el desalojo y la multa, que se reduciría de seis a cuatro meses en ese caso, o esperar el nuevo juicio.

La familia se ha decidido por esta última opción, al entender que aceptar la oferta del juez no les reportaba ningún beneficio y que, si deben finalmente abandonar su residencia actual, será mejor hacerlo lo más tarde posible, y no dentro de solo 72 horas.

"Esperaremos al próximo juicio y a la fecha de desahucio que nos den entonces", ha declarado, flanqueada por su pareja y por sus hijos, la afectada, que ha añadido que, de tener que abandonar la vivienda en litigio, lo que hará es "ocupar otra casa o seguir luchando".

Su postura ha sido respaldada por integrantes de Stop Desahucios que han acompañado a la familia durante toda la jornada, coreando consignas contra las entidades bancarias y en favor del acceso a la vivienda de todas las personas, tengan o no medios para costeársela.

En nombre de la plataforma, además, la portavoz Encarna Mateos, que ha tachado de "absolutamente indeseable" el pronunciamiento judicial emitido hoy y ha anunciado que su propósito es "intentar hablar con el banco, negociar", sobre todo, según ha destacado, desde la premisa de que se trata del BBVA, que "está diciendo, por activa y por pasiva, que ellos no están ejecutando desahucios".

"Vamos a decirles que esa casa no la van a poder vender y que les den un alquiler social, porque es una casa que está absolutamente deteriorada, Lo que tiene de bueno esa casa es porque lo han hecho ellos", ha anticipado, añadiendo que, entretanto, harán gestiones por otros lados para buscar una solución, como intentar que el Gobierno de Canarias les adjudique una vivienda social.