En su intervención de esta mañana, el líder de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, ha reiterado su "rotundo apoyo" a las denuncias en contra del proyecto y ha urgido al Gobierno de España a cumplir con el derecho europeo.
López Aguilar ha rechazado el proyecto, argumentando las dudas respecto a la conformidad del mismo con la legislación medioambiental europea, la declaración de impacto y la protección de la biodiversidad. A este respecto, ha recordado que además del propio espacio marítimo canario (declarado "zona especialmente sensible" por la OMI), en la zona hay más de una decena de espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000 de la Unión Europa, por lo que ha advertido del riesgo de las actividades que se realizarán a menos de 60 kilómetros de la costa y se ha referido a las consecuencias irreparables de un posible vertido, como ocurrió en el Golfo de México en 2012.
Asimismo, ha manifestado sus dudas acerca de la conformidad de las prospecciones con la normativa europea, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista de la concurrencia, "al tratarse de una autorización unilateral en favor de una única empresa por parte del Gobierno de España, lo que puede contravenir el derecho de competencia".
También ha señalado que la autorización supone una contradicción en sí misma. Primero por ser incompatible con la estrategia europea de energías renovables limpias y sostenibles que debiera estar alentando en su conjunto la Unión Europea y, por consiguiente, el Gobierno de España. En segundo lugar, por ser "incoherente" con el modelo de turismo sostenible, que es la columna vertebral del sistema económico de Canaria. Y, por último, por el desprecio que supone hacia las autoridades canarias que se han sumado a las protestas en contra del proyecto.
"La crisis no puede servir de pretexto para permitir rebajar las garantías medioambientales. No es cierto que el Gobierno busque con la actividad petrolera generar beneficios económicos para Canarias ni para los canarios: no existe ninguna perspectiva de rentabilidad social. El argumento del empleo es, además, demagógico: no repercutirá en la creación de puestos de trabajo. Por el contrario, únicamente favorece a un consorcio de empresas privadas y a sus expectativas de negocio", ha añadido.
Por ello, ha instado a las autoridades europeas a mantener abierto el procedimiento para asegurar "al límite de lo posible que todas y cada una de las denuncias se estudien con plena garantía del derecho europeo", ha concluido López Aguilar.