Las palabras del presidente del Gobierno de Canarias sobre la existencia de 400 camas hospitalarias "bloqueadas" por pacientes ya recuperados ha generado una oleada de reacciones de rechazo entre colectivos sociales y profesionales y formaciones políticas. La repulsa no se debe tanto a la revelación de la cifra como a la sensación de que Paulino Rivero responsabiliza a los familiares de los ingresados -en su mayoría personas mayores- de la situación, que, a su juicio, responde en parte a "un problema cultural".

El Foro Canario por la Salud y la Sanidad Pública recibió las declaraciones del jefe del Ejecutivo regional como un "insulto" y un "menosprecio" a las familias trabajadoras del Archipiélago, al tiempo que censura que interprete como una cuestión cultural "el grave problema de la asistencia a los ancianos que han sido hospitalizados", que son enfermos crónicos y están "social y económicamente desfavorecidos".

El sistema público, denuncian, "no ofrece hospitales para enfermos crónicos porque no se ha destinado la inversión necesaria", mientras que ha "desviado fondos a centros concertados a los que no se les exigen los mismos parámetros de calidad".

Por su parte, los Colegios de Trabajadores Sociales de las dos provincias aludieron a las manifestaciones de la directora del Servicio Canario de la Salud, Juana María Reyes, quien, en su opinión, "ha desmentido a Rivero porque ha declarado que tienen contabilizados en esa situación a 95 pacientes en hospitales públicos y el resto de los casos se da en centros sanitarios privados que tienen conciertos" con la Consejería de Sanidad.

Asimismo, sostienen que Reyes admite que los recortes en la Ley de Dependencia han paralizado la creación de nuevas camas sociosanitarias, por lo que "no se trata de un problema de camas bloqueadas por pacientes abandonados" por sus familiares, sino "de falta de recursos públicos como consecuencia de los recortes efectuados en los últimos cuatro años" por Canarias y el Estado.

En efecto, la directora del SCS indicó, en declaraciones a Efe, que, de estos pacientes, unos 300 han sido derivados a centros concertados y el resto permanece en los públicos. Reyes señaló que se trata de un problema que también afecta al Sistema Nacional de Salud y que, aunque siempre ha existido, se ha visto agrandado por las dificultades económicas que padecen actualmente las familias y por la falta de recursos de la Ley de Dependencia.

Por su parte, la portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Parlamento autonómico, Mercedes Roldós, consideró "una falta de respeto a las familias canarias" las palabras de Rivero. "Esas familias canarias están siendo el soporte de un 35% de paro y de unas cifras escandalosas en el umbral de la pobreza", y que ahora el presidente también les "culpa del caos sanitario".

El senador y consejero en el Cabildo de Tenerife Antonio Alarcó, también del PP, calificó de "inconcebible" la actitud de Paulino Rivero y recordó que el problema de la Urgencias en el Archipiélago "reside en la muy cuestionable gestión de los recursos, competencia exclusiva del Gobierno regional, especialmente cuando hay instalaciones sin concluir como los hospitales del Norte y del Sur esperando a que se establezcan prioridades, y que no se van a arreglar por mucho que se anuncien fechas de terminación".

El presidente del CCN en Tenerife, Benito Codina, tildó de "tercermundistas" las urgencias hospitalarias de la Isla, y pidió una mayor concertación de camas con la sanidad privada al servicio de pacientes de asistencia pública.

También el Ministerio de Sanidad terció en la polémica al asegurar que la situación en los hospitales canarios es "puntual". Fuentes del departamento dirigido por Ana Mato apuntaron a Efe que el problema no es la escasez de recursos, porque el modelo competencial está en marcha desde hace mucho tiempo y, precisamente, Canarias fue una de las primeras comunidades en asumir las competencias.

La polvareda levantada de las palabras del presidente ha sido de tal magnitud que Rivero se vio obligado a matizarlas. Así, afirmó que no culpa a las familias porque "nadie quiere tener a un pariente hospitalizado". Asimismo, atribuyó el bloqueo de camas a la falta de recursos para servicios sociosanitarios que sufren todas las comunidades autónomas.

"Existen dificultades en la coordinación y en los recursos que se disponen para atender la parte social. Es necesario buscar formulas que nos permitan seguir avanzando", dijo en declaraciones recogidas por Europa Press.