Los empresarios de los centros sociosanitarios de Canarias reclaman al Gobierno regional la concertación de las aproximadamente 700 plazas de las que disponen y así poder acoger a los enfermos crónicos que ocupan camas en los hospitales.
A juicio del presidente de la Asociación Canaria de la Dependencia, Juan Luis García del Rey, esta medida permitiría a la Administración ahorrar unos noventa millones de euros anuales. Las estimaciones del propio Ejecutivo elevan a alrededor de cien millones de euros el coste de mantener las 400 camas que -según afirmó hace unos días el presidente Paulino Rivero- "bloquean" camas hospitalarias pese a estar en condiciones de recibir el alta.
Los empresarios aseguran, además, que por cada dos residentes pueden crear un puesto de trabajo, de tal manera que asumir a los 400 crónicos generaría 200 nuevos empleos en el Archipiélago, otro argumento, a su entender, para proceder cuanto antes al concierto.
"Llevamos diez años detrás del Gobierno para que acceda a concertar las plazas, pero la consejera de Asuntos Sociales (Inés Rojas) no es partidaria", se queja García del Rey. Las discrepancias que hay en este asunto entre este departamento y el de Sanidad explican, sostiene el representante del sector, que este objetivo no se haya materializado.
Sin embargo, ambas consejerías han elaborado una normativa que debe regular la derivación a estos centros de los enfermos crónicos que ocupan camas en los hospitales públicos o clínicas concertadas, aunque no se ha materializado aún pese a que se retrasa, una vez fue acordada el pasado verano.
Las camas de los centros sociosanitarios privados se encuentran vacías, añade García del Rey, quien recalca que "ahora mismo el sector está muerto". Mientras que "todas las semanas las comunidades autónomas sacan plazas a concurso, Canarias es la única que no lo hace", según el presidente de la asociación.