El futuro del sector de la construcción pasa por la participación de sus empresas en nuevos modelos de negocio, como el que ha planteado el Gobierno de Canarias con la financiación público -privada de la construcción de centros educativos. Una modalidad de financiación habitual en Europa, pero que no tiene precedentes en España.

Así lo defendió la vicepresidenta de la Federación de Entidades de la Construcción (Fepeco), Ángeles Palmero, en el marco de un debate en el que intervinieron con el consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, y varios técnicos especializados y de cuyas conclusiones informó ayer esta patronal. En esta reunión se expusieron los primeros detalles de esta modalidad, que contempla que las empresas concesionarias sufraguen el coste de la construcción de los centros y gestionen diversos servicios complementarios a los educativos, que seguirán siendo públicos. La gestión privada de los citados servicios complementarios no supondrá ningún coste para las familias.

Eso sí, Palmero dejó claro que la construcción, en Canarias, para recuperar el músculo empresarial perdido, además de explorar nuevas vías de negocio, deberá proseguir con la estrategia que se ha marcado: la especialización en las actividades relacionadas con la rehabilitación, modernización y mantenimiento de las edificaciones e infraestructuras ya construidas, y la apuesta por una construcción más sostenible y eficiente energéticamente.

Los representantes de 27 empresas asociadas a Fepeco, procedentes de todas las islas de la provincia, expusieron en el encuentro, que tuvo por marco la sede del Gobierno de Canarias en el capital tinerfeña, dudas y cuestiones relativas a la inversión a realizar, duración de las concesiones, rentabilidades estimadas, sistemas de valoración, traspaso de la concesión, uso de la RIC, etcétera. Y, dada la novó al consejero y a los técnicos que se celebren nuevas reuniones, para que al final los pliegos de condiciones recojan todos los detalles y criterios de evaluación con la máxima claridad, objetividad y transparencia. Así, explicó Palmero, se evitará el recelo de las entidades financieras y posibles conflictos futuros por interpretaciones funcionariales. "Tanto la Administración como las empresas constructoras y la banca necesitamos más que nunca seguridad jurídica", apostilló.

La Consejería informó de que las empresas adjudicatarias serán responsables de la construcción, equipamiento y mantenimiento durante 27 años del centro educativo, y se ocuparán también de los servicios de comedor y cafetería, la limpieza y el servicio de conserjería. Por su parte, la Consejería se hará cargo de los docentes, la dirección del centro y la inspección del cumplimiento de las condiciones señaladas en el pliego del concurso por parte de la adjudicataria. Pasados los 27 años, los centros serán devueltos a la Administración autonómica. La empresa adjudicataria se comprometerá, además, a renovar cada diez años el 40% del mobiliario y el 30% del equipamiento y, cada cinco tendrá que hacerse cargo de la renovación de la obra civil y las instalaciones.

A la vista de la potente inversión que implica esta iniciativa, y la debilidad de las empresas por la crisis, la vicepresidenta de Fepeco insiste en la importancia de que las entidades financieras apoyen este tipo de iniciativas.

Palmero recordó que Fepeco está actuando en diferentes frentes para generar empleo y actividad, buscando que las inversiones públicas lleguen al mayor número posible de pequeñas y medianas empresas canarias de la construcción, y apoyando el cambio estructural en el sector, a través de su Registro de Empresas de Reformas, Rehabilitación y Mantenimiento.