Los administradores colegiados de fincas de la provincia tinerfeña muestran su rechazo al cobro "abusivo" de una tarifa aplicable al contador que es obligatorio instalar para controlar el consumo del depósito de incendios en las comunidades de propietarios. Este pago puede suponer cerca de 2.000 euros anuales, unos 200 euros bimensuales.
El presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas (CAF) de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Oliva, en compañía del secretario del colegio, Fernando Muñoz, visitó ayer EL DÍA para comunicar su decisión de no presentarse a la reelección.
Oliva aprovechó su visita para mostrar el desacuerdo del CAF de Tenerife con esta tasa "desorbitada" de un elemento que casi "no tiene uso" y del que dudan que "tenga una revisión", pues no tienen conocimiento de las mismas.
Esta demanda ya se ha presentado a ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife, al cual Emmasa propuso una rebaja del 6% en esta tarifa, una bajada del precio "ridícula" a juicio de Oliva.
El CAF Tenerife también denuncia que el consistorio capitalino, lejos de modificar la ordenanza que obliga a tener este contador, "la ha dejado igual".
Por otro lado, el presidente del CAF Tenerife también mostró el desacuerdo de los administradores de fincas colegiados ante la moratoria en la Inspección Técnica de Edificios (ITE) de La Laguna.
Esta inspección es una exigencia normativa que tiene como propósito el mantenimiento y conservación de los edificios.
Jesús Oliva explicó que desde 2009 se ha estado retrasando esta inspección en inmuebles de más de 25 años de antigüedad en La Laguna, y que no se debe continuar posponiendo una cuestión que "atañe a la seguridad de los ciudadanos".
El presidente del CAF Tenerife valoró las circunstancias en las que se halla el conjunto de la sociedad, pero consideró que es "mejor conservar y mantener de forma preventiva que tener que acudir a la reparación o rehabilitación de los edificios, que siempre tendrá un coste mayor".
Además, criticó que en otros municipios, como el de Santa Cruz de Tenerife, la inspección, según la normativa, se debe realizar cada 50 años, un plazo que calificó de demasiado "amplio".
Sobre esta cuestión, Jesús Oliva quiso aclarar que el CAF Tenerife no interviene en las ITE, sino que las realizan técnicos especializados, y que su preocupación en este asunto se limita a "la protección de ciudadanos y propietarios".