El diputado autonómico del Partido Popular Felipe Afonso manifestó ayer que la Ley Canaria de Vivienda que pretende impulsar el Gobierno de Canarias "es un nuevo paripé de Paulino Rivero" para ocultar el estrepitoso fracaso de sus políticas.
"Quieren tomar el pelo a todos los canarios aprobando una norma que no cuenta con financiación, y tiene todas las papeletas para ser declarada inconstitucional", señaló.
"El Gobierno no necesita ninguna ley para ponerse a trabajar en políticas eficaces, poner en alquiler las miles de viviendas públicas que están cerradas y vacías, y articular medidas que ayuden a los más de 25.000 canarios demandantes de una vivienda protegida", declaró el diputado popular, quien acusó al Ejecutivo "de crear expectativas entre los afectados por desahucios que no va a poder cumplir".
"Hasta tres informes elaborados por el propio Gobierno confirman que no hay ni un euro para poner en marcha una ley que requeriría unos 20 millones solo para comenzar a funcionar", remarcó Felipe Afonso, quien responsabilizó a Rivero de querer aprobar una ley que "estafa a los canarios que sufren el grave problema de la vivienda en las Islas, sin aportar una sola solución".
Asimismo, se refirió a los informes desfavorables emitidos por la Dirección General de Planificación y Presupuesto del propio Gobierno regional, avanzados ayer por este periódico, que se unen a todos los informes negativos que ha recibido el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Vivienda de Canarias y de Medidas para garantizar el Derecho a la Vivienda, que alertan, sin excepción, de que podría incumplir la Constitución Española.
"Rivero quiere seguir adelante con su aventura pese a los precedentes que existen con las leyes de Andalucía y Navarra, que este Gobierno ha copiado como un mal estudiante, y que están suspendidas por el Tribunal Constitucional por atentar contra derechos fundamentales como la propiedad privada, y no ser de su competencia", declaró.
Para Felipe Afonso, el Ejecutivo de Rivero "ha encontrado la excusa perfecta para no hacer nada, pues su ley estrella contra los desahucios va a estar parada mucho tiempo, y luego siempre podrá echar la culpa al PP y al Gobierno de la Nación, mientras más de 25.000 canarios siguen esperando por una vivienda de protección oficial en las listas de la comunidad".
"El Gobierno no escucha ni al Consejo de Estado ni al Consejo Económico y Social ni al Consejo Consultivo ni a sus propios funcionarios que le dicen que esta no es la política de vivienda que necesitamos", señaló el diputado, que concluyó recomendando a Rivero que "en vez de meterse en aquello para lo que no tiene competencias, ejerza de forma competente las que sí tiene".