Cuando el presidente del Gobierno de Canarias reveló que 400 camas hospitalarias permanecen bloqueadas por pacientes que ya han recibido el alta médica abrió la caja de los truenos, no tanto porque sus palabras pudieran ser puestas en duda -hay consenso en que el problema existe, y desde hace tiempo-, sino por atribuir esta situación a una cuestión "cultural". Tal vez con la intención de desviar la atención del "colapso" que sufren las Urgencias de los hospitales, como sospechan muchos, el jefe del Ejecutivo destapó las carencias del sistema sociosanitario de las Islas, incapaz de absorber a un gran número de dependientes. Son muchos más de los citados 400: ascienden a unos 3.000, según profesionales y afectados.

Dos semanas después de esas declaraciones, EL DÍA reunió a cuatro personas que viven este fenómeno de cerca: Belén Luis, presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife; Leopoldo Cejas, secretario autonómico de Acción Sindical del Sindicato de Enfermería (Satse) en Canarias; Juan Luis García del Rey, presidente de la Asociación Canaria de Dependencia -los empresarios de los centros sociosanitarios-; y Fernando Sánchez, componente del Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública y presidente de la Asociación Tinerfeña en lucha por la Salud Mental.

De "barbaridad" califica la representante de los trabajadores sociales que Rivero haya atribuido la permanencia en los centros hospitalarios de estos pacientes a que "sus familias no los atendían". La causa de esta situación se encuentra en "las políticas de recortes sociales que se han ejecutado en estos cuatro años, pero también en la mala aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias", según Belén Luis.

Aunque los números que miden esta aplicación "son desastrosos", Luis entiende que "se habla mucho de ellos, pero no de que se trata de personas reales, mayores, con discapacidad, enfermos crónicos con una problemática específica que no se aborda".

Las palabras del presidente constituyen "una salida de pata de banco para tapar el colapso de los servicios de Urgencias", a juicio del dirigente del sindicato de enfermería. "No creo que fuera consciente de lo que estaba diciendo, sobre todo al adornar sus declaraciones con esa alusión al factor cultural e ignorando las situaciones en que se encuentran esos pacientes, sus domicilios y características individuales". Muchos de estos casos corresponden a personas que requieren, por su situación de dependencia, servicios en centros sociosanitarios o que la sanidad pública les garantice una asistencia similar a la que da un hospital de día, pero en sus domicilios.

Por su parte, Juan Luis García del Rey defiende la vocación de los empresarios de los centros pese a que frecuentemente son tachados de "economicistas" y de "mirar mucho el euro". El presidente de la Asociación Canaria de Dependencia asegura que estos casos se producen "desde hace ya muchos años".

La derivación a los centros privados, mediante conciertos con la Administración, de estos pacientes -una medida que el representante de los empresarios exige con insistencia- no termina de materializarse pese a que existe una orden conjunta de las consejerías de Políticas Sociales y Sanidad para ello.

¿Y por qué no se ha aplicado? Belén Luis y Leopoldo Cejas intervienen en este punto para aportar una explicación. "La orden es muy estricta", dice la primera. "Es una cuestión de cumplimiento. Tendrían que atenerse a lo publicado y aquí suele preferirse una cierta indefinición", opina el segundo.

"No es una cuestión cultural, sino una falta absoluta de planificación. La Ley de Dependencia está escasamente desarrollada en Canarias", coincide Fernando Sánchez, quien critica el "olvido absoluto" al que, a su entender, se ha sometido con frecuencia a estas personas. Todos los enfermos crónicos, prosigue, "necesitan camas suficientes para que no se agraven sus problemas de salud, y no digamos los enfermos mentales. En los domicilios no es posible una atención adecuada", sentencia el portavoz en el debate del Foro.

Estas camas "deben ser gratuitas y sin copago", subraya Sánchez, poco partidario de la concertación de las plazas con el sector privado excepto como una solución "temporal". Los centros privados, sostiene, "tienen que estar más orientados hacia un nivel de usuarios con un alto nivel de ingresos".

García del Rey disiente. "Si la Administración contrata con lo privado, no será tan caro como si ella diera el servicio", asevera. Además, precisa que la financiación del Gobierno central no puede destinarse a la construcción de centros, sino a atender el servicio.

El portavoz de Satse aboga por la sinergia entre lo público y lo privado, pero advierte de la necesidad de "garantizar que el servicio se presta en las mismas condiciones, y eso no ocurre". Sin embargo, tercia Del Rey, la Administración tiene medios para supervisar que se cumplen las condiciones que ha establecido.

"Esas 400 camas cuestan diez veces más que si fueran plazas sociosanitarias", señala Belén Luis como ejemplo de la "mala gestión" que supone gastar "en algo en lo que no se debería". Por otra parte, puntualiza que la Ley de Dependencia se creó como "un derecho universal", por lo que no debería cobrarse. No obstante, el "hachazo" de los recortes ha cambiado mucho su concepción desde entonces.

A Sánchez le parece "triste" que se justifique la falta de cumplimiento en la crisis. "Para los bancos sí ha habido dinero. La crisis la están soportando los más débiles", se lamenta.

La "excusa" de que Canarias ya cuenta con su propio sistema de atención a la dependencia y de su "difícil fusión" con el nacional no convence a la representante de los trabajadores sociales. "Hoy en día siguen existiendo dos valoraciones: la que hacen los cabildos y la de la Ley. Eso es un error", dice.

El resultado es que 12.000 personas siguen esperando la prestación y la atención prevista en la norma, mientras que otras 4.000 han fallecido mientras aguardaban la resolución, explica Belén Luis.

Entre el asentimiento de sus compañeros de mesa, Fernando Sánchez advierte: "Las 400 camas de las que se ha hablado son las que están ocupadas, pero la necesidad de plazas sociosanitarias supera las 3.000. Con un parche de 400 no solucionamos nada".