El fondo será, al final, prácticamente el mismo, pero no así la forma. La negativa del grupo parlamentario popular a participar en los trabajos para la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias motivará que la tramitación del texto se realice de forma distinta a si los conservadores se sumaran a esta posibilidad.

El rechazo popular, al entender que los cambios en la Carta Magna canaria no son ahora mismo "una prioridad", hará que la reforma se tramite tal y como establece el artículo 152 del Reglamento del Parlamento de Canarias, esto es, conforme a lo dispuesto para el procedimiento de los proyectos y proposiciones de ley, según corresponda.

De haber consenso, la reforma estatutaria, tal y como fija el mismo Reglamento en su artículo 146, se tramitaría como proposición de ley de desarrollo institucional. "La iniciativa legislativa de desarrollo del título I del Estatuto de Autonomía de Canarias podrá ejercerse conjuntamente por todos los grupos parlamentarios", detalla el referido artículo.

Pero, ¿tiene esto alguna implicación para el texto final? Fuentes parlamentarias aseguran que no existe ninguna y que, incluso, el trámite como proposición de ley (PPL) -presentación, debate en consideración, toma en consideración, Consejo Consultivo y periodo de enmiendas- puede ser, incluso, más rápido que si fuera como PPL de desarrollo institucional.

¿Cuál es entonces la diferencia? El "empaque" de la reforma, pues es difícil entender que en la modificación de una texto tan importante como el del Estatuto de Autonomía no participen todos los partidos. Más aún si quien se queda fuera es el principal partido de la oposición.

De ahí los continuos llamamientos de CC y PSOE para que el PP se sume a los trabajos de reforma. Trabajos que, por otra parte, podrían darse por iniciados mañana tras la reunión que tienen prevista los portavoces parlamentarios de CC, PSOE y Nueva Canarias. Una cita a la que los conservadores, según han comunicado oficialmente, no acudirán en "coherencia" con lo manifestado en el pleno del Parlamento en el que rechazaron la comunicación del Gobierno canario.