Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España en 2011 por no proteger adecuadamente algunos espacios naturales del Archipiélago, pocos sospechaban que la sentencia podía suponer un varapalo económico para la Comunidad Autónoma. Aún está a tiempo de evitarse -de hecho, el Gobierno regional está convencido de que así será-, pero si la sentencia no se ejecuta en el tiempo establecido Canarias se enfrenta a una sustanciosa multa: al menos 20 millones de euros.

El propio Ejecutivo lo reconoce en su respuesta a una pregunta formulada en el Parlamento por Miguel Jorge Blanco, diputado del PP, relativa a la redacción de las estrategias insulares de recuperación y conservación de especies amenazadas.

Si esta última tarea se ha retrasado, explica el Gobierno en su contestación, es porque ha debido concentrar todos sus esfuerzos en las correcciones que le exige la Comisión Europea, consistentes en la elaboración de los planes de gestión de 45 zonas especiales de conservación (ZEC) de las Islas.

Aunque quien fue condenado es el Reino de España, fuentes de la Administración canaria apuntan que, en estos casos, el Estado endosa el pago de la sanción a la comunidad autónoma cuya actuación o inacción ha motivado el fallo.

Tras la emisión de la sentencia, el 22 de septiembre de 2011, el tribunal otorgó un plazo de entre 18 y 24 meses al Ejecutivo regional para "dar cumplimiento a las obligaciones no abordadas en tiempo y forma". De no hacerlo, "la multa podía ascender a unos 20 millones de euros, más una cifra coercitiva por día sin haber ejecutado las obligaciones de la sentencia que podía estar en torno a 1,1 millones de euros al mes", detalla el Gobierno.

Lo cierto es que, si se atiende a las fechas, el plazo concedido ya se habría agotado. Sin embargo, el director general de Protección de la Naturaleza del Gobierno canario, Pedro Cuesta -que lleva en el cargo apenas cien días-, sostiene que "aún quedan unos meses" -hasta abril o mayo, apunta- y garantiza que el trabajo estará finalizado en tiempo y forma.

Veintiuno de los 45 planes de gestión de las ZRC están ya completados, mientras que también se han redactado los documentos técnicos de los 25 restantes.

La sentencia de la UE condenaba a España por no haber establecido prioridades para las zonas especiales de conservación y por no haber adoptado medidas apropiadas para proteger y conservar las especies y los hábitats.