El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha insistido este jueves en que el Ejecutivo va a seguir adelante con la tramitación de la reforma de la Ley de Vivienda, y ha subrayado el "compromiso" de revisar cada año en los presupuestos autonómicos sus necesidades financieras.

En una rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, ha dicho también que los informes de la Consejería de Economía y Hacienda que alertan de falta de fondos para ejecutar la ley, "no son vinculantes", pero en todo caso, se han estimado para "mejorar" su contenido.

Por ello, se han incorporado "medidas correctoras" como aportar 1,1 millones al año para el mantenimiento del registro anual de viviendas y que se haga una "reorganización" de trabajadores públicos para que se encarguen de la inspección sin coste adicional para el Ejecutivo.

Sobre los 17,1 millones al año que costarían las expropiaciones temporales de viviendas, ha dicho que es una "cantidad máxima" porque se han tenido en cuenta todas las fincas urbanas --segundas viviendas, locales comerciales y solares--, pero en realidad, afectarán a viviendas habituales de familias en riesgo de exclusión social y prioritariamente, con hijos a su cargo.

Marrero ha señalado que el Ejecutivo sigue adelante con la reforma porque no "quiebra" el marco constitucional, y ha lamentado que el PP prefiera "defender" a las entidades financieras "en contra" de las familias de las islas.