"El tiempo transcurrido está ocasionando perjuicios y deterioros innecesarios". Así de contundentes se mostraron ayer fuentes del primer Patronato de la Fundación CajaCanarias, designado "legítimamente" por la Asamblea General de la Caja General de Ahorros de Canarias el 20 de diciembre de 2012 y que fue "intervenido" por el Gobierno regional en marzo del pasado año.
Las fuentes del Patronato que presidía Álvaro Arvelo indicaron que esperan contar "cuanto antes" con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que reconozca "el estricto y legal cumplimiento de la ley" por parte de este organismo. "Será fundamental para poder ejercer su misión de dar respuesta al interés general de nuestro territorio y fundamental para apostar por instrumentos que contribuyan a su progreso", reiteraron.
Como se recordará, hace apenas una semana la gestora que designó el Gobierno canario tras la intervención de la Fundación, en marzo de 2013, acabó su cometido tras elaborar los nuevos estatutos de la Fundación Obra Social CajaCanarias y nombrar a los miembros del nuevo patronato. Un órgano que estará compuesto por trece miembros.
Las fuentes consultadas remarcaron que afrontan la actual situación "con humildad, discreción y respeto", conscientes de la importancia que tiene para Canarias el funcionamiento normal y oportuno de una institución como es la Fundación constituida en su momento, en el que el Plan de Actuación, el Estudio de Viabilidad y los Objetivos establecidos por este Patronato son valores que aportan contenido y credibilidad al proyecto.
E insistieron en que, "a diferencia de otras entidades", el Patronato conformado en diciembre de 2012 se enriqueció desde el primer momento con la incorporación de personas de reconocido prestigio y acreditada capacidad, que representan a diferentes sectores de la sociedad canaria, proceso que continuaría hasta la renovación total prevista de los miembros del anterior consejo de administración.
Recordaron también que, tras su constitución, el Patronato celebró varias sesiones, hasta que fue desautorizado por la decisión del Gobierno de Canarias con la publicación de un decreto el 8 de abril de 2013, sin que durante este plazo "se hubiera recibido comunicación alguna" por parte de la Administración autonómica en relación a la solicitud presentada por la entidad.