Los tiempos en que estudiar Medicina era garantía de encontrar trabajo quedan ya lejos. Las posibilidades de acceder a la formación especializada se restringen cada vez más debido a la paulatina disminución de las plazas de médico interno residente (MIR) que oferta el Ministerio de Sanidad, y las alternativas, si el sector privado no absorbe la demanda, son el desempleo y la emigración.

La conclusión empieza a ser obvia: hay que ajustar el número de alumnos de Medicina y poner coto a la aparición de nuevas facultades. En ello coinciden tanto los representantes de los facultativos como de las facultades.

El portavoz del Sindicato Médico CESM en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Levy Cabrera, opina que "lo más prudente" es que el número de plazas de nuevo ingreso no supere las 120 en cada una de las universidades canarias.

De hecho, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna (ULL), Emilio Sanz, ya ha anunciado que propondrá que la cifra, actualmente en 135 -frente a las 140 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)-, se reduzca hasta los referidos 120, para alcanzar un número global -240- similar al de las plazas MIR que se convocan (241 en la última convocatoria, celebrada este mismo mes).

"Tenemos muy claro que es necesario, aunque hay otros estamentos en la Universidad que plantean que reducir el número de estudiantes reduciría también los ingresos", explica Sanz.

Aunque no utiliza el argumento económico, sino el de la elevada "demanda social" de los estudios de Medicina -son los que registran más solicitudes-, la ULL advierte desde ahora que no introducirá cambios en la limitación de plazas en la Facultad, cuya posición en este aspecto asegura respetar, según fuentes de la institución.

Hasta la situación actual se ha llegado después de años en que el objetivo fue incrementar el volumen de titulados en Medicina hasta equipararlo con las plazas MIR. A mediados de la década pasada, las segundas superaban claramente a los primeros, de tal manera que "cada año quedaban entre 1.500 y 2.000 vacantes en toda España, que entonces se cubrían con la gran inmigración de médicos no comunitarios", recuerda Levy Cabrera.

Con el fin de equilibrar oferta y demanda, se ampliaron los "numerus clausus", crecieron las cifras de matriculados -en Canarias en menor proporción que en la Península- y el número de facultades pasó de 26 a 41.

El aumento del alumnado se llevó a cabo "sin pensar en el importante número de médicos extranjeros", señala el dirigente sindical. Muchos de los facultativos foráneos se han marchado de las Islas, pero otros han optado por presentarse al MIR para adquirir la especialización, sin la cual no se puede trabajar en el sistema público en ningún país de la Unión Europea. Según Cabrera, alrededor del 30% de los que obtienen plaza como residentes proceden de países no comunitarios.

¿Y qué supone que los titulados en las universidades no puedan especializarse? "Formar a un médico cuesta en torno a 200.000 euros y luego los dejamos vendidos en el paro. Dilapidamos fondos públicos y creamos una frustración terrible en los mejores profesionales", resume el decano. "Es una mala gestión, algo que no nos podemos permitir", apunta el representante del sindicato.

Para Emilio Sanz, hay más motivos para rebajar la cifra de estudiantes. Uno es la escasez de profesorado; otro, la falta de infraestructuras "dimensionadas" para ese volumen de usuarios. El resultado es un deterioro de la calidad de la enseñanza.

El problema se transmite a la prestación sanitaria. El decano lo expone con ironía: "Con tantos alumnos, cuando vamos a un hospital podemos encontrarnos con quince personas en la consulta".