La reforma de la ley del aborto que ha emprendido el Ministerio de Justicia es "desafortunada e inoportuna", no responde a demanda social alguna y, además, no concuerda con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), alguna de cuyas sentencias ignora para hacer un "reinterpretación parcial e interesada" de su doctrina.
Esta es la posición del Gobierno de Canarias sobre el controvertido anteproyecto de ley, un texto que, a su juicio, "debe ser retirado", afirmó ayer el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, quien presentó el informe del Ejecutivo regional sobre la iniciativa.
El viceconsejero de Justicia, Pedro Herrera, se encargó de exponer los reparos jurídicos que el proyecto suscita a la Administración autonómica. Aunque pretenda "acomodarse a la doctrina del Constitucional", el borrador parte de una visión "sesgada" de las sentencias del tribunal.
Así, Herrera reprochó al Gobierno central que no haya tenido en cuenta el fallo de 1999 que establecía que los no nacidos no pueden ser considerados en el ordenamiento jurídico como titulares del derecho fundamental a la vida, tal y como se recoge en la Constitución Española, aunque ello no significa que estén "privados de toda protección".
De igual manera, recordó que existe un acuerdo mayoritario entre la comunidad científica que fija en torno a la semana 22 de gestación el momento a partir del cual el no nacido "es ya susceptible de vida independiente de la madre", mientras que el sistema de plazos que contempla la ley vigente, aprobada por el Gobierno socialista en 2010, establece el límite para el aborto por petición de la mujer en la semana 14.
Pese a apreciar visos de inconstitucionalidad en la reforma, el consejero se mostró muy prudente sobre la posibilidad de interponer un recurso, dado que la ley aún está en fase de borrador. "Es un momento muy prematuro", advirtió Hernández Spínola. Si la norma resultase aprobada en los términos actuales, algo que deseó no ocurra, el Gobierno canario estudiaría la vía del recurso ante el TC. También podría, si lo estimase oportuno, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.