La decisión del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Renovación Turística y Modernización Turística de Canarias generó ayer un cúmulo de críticas de las principales patronales del Archipiélago canario.

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) consideró que aunque el Ejecutivo de Mariano Rajoy es "competente" para recurrir la ley turística, con ello "no ayuda" a la transformación del destino turístico de Canarias.

El gerente de Ashotel, Juan Pablo González, manifestó que no tienen información de si el recurso anunciado este domingo por el ministro de Turismo, José Manuel Soria, afecta a toda la ley o al artículo 4, en el que se condiciona la construcción de hoteles de 4 estrellas a la rehabilitación.

González expresó su preocupación por los convenios suscritos con entidades bancarias para financiar proyectos de renovación turística por un total de 1.800 millones, y de esta cantidad los 200 comprometidos por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que establece unas condiciones vinculadas a la renovación.

"Nos preocupan los nubarrones que se nos presentan en el horizonte", enfatizó el gerente de Ashotel, quien aseveró que los inversores buscan certeza y seguridad jurídica, por lo que cualquier duda sobre el marco legal puede poner en duda inversiones previstas.

En esta línea, el presidente de la CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, indicó que el recurso crea "una inseguridad jurídica terrible" y aleja inversiones que tenían como destino las Islas.

"Hoy mismo -por ayer- hay mucha gente reunida dando marcha atrás a las inversiones previstas en Canarias", dijo Francisco, tras reunirse, junto con la patronal de Las Palmas, con el presidente canario, Paulino Rivero, para tratar la reforma del REF. "El inversor necesita seguridad y si las reglas del juego no están claras, no invertirá", advirtió.

Por su parte, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, dijo que la norma aprobada por el Gobierno regional es "mala" para Canarias, y en concreto para Gran Canaria, y pidió que se alcance "un consenso" sobre su contenido.

"Necesitamos una ley que sea buena para todas las Islas", añadió Manrique de Lara.