La Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias se ha convertido en otro punto de enfrentamiento entre los gobiernos central y canario. Tanto que el Consejo de Ministros acordó este viernes interponer un recurso de inconstitucionalidad sobre la mencionada norma, una decisión que ha generado incertidumbre en el sector y malestar político entre los distintos partidos que conforman el actual arco parlamentario canario.

Con el objeto de analizar tan agria polémica, EL DÍA sentó esta semana en su mesa de debate a Jorge Marichal, presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel); Pedro Martín, secretario regional de Turismo del PSOE y alcalde de Guía de Isora; Sebastián Ledesma, concejal de Urbanismo del Puerto de la Cruz (PP); y Carmelo Jorge, portavoz de Comisiones Obreras Canarias (CCOO). Además, aportaron su opinión por teléfono Román Rodríguez (Nueva Canarias) y María del Mar Julios (Coalición Canaria), ambos diputados regionales por la isla de Gran Canaria.

El presidente de la patronal hotelera tinerfeña aconsejó "ser consecuente" con lo que se viene "exigiendo" y "planificando" en las Islas desde hace años. Marichal insistió en su defensa de la calidad y la excelencia frente a quienes piden mano libre para construir hoteles de cuatro estrellas, y resumió el que, a su entender, es el origen del problema: "Gran Canaria quiere tener las mismas camas y los mismos turistas que Tenerife. Y lo que están haciendo, desde el punto de vista de la planificación, es disponer más suelo turístico".

Jorge Marichal advirtió, asimismo, de los riesgos que podría tener "abrir la mano" en la calificación de nuevo suelo turístico, y remarcó que la vía para crecer tiene que ser a través de la calidad. En este sentido, sostuvo que "no se puede" dejar en manos de cada isla que haga "lo que quiera", y por ello defendió que haya un paraguas regional en relación con este asunto.

"Tenerife y Gran Canaria tienen las mismas plazas, 140.000, y el millón y medio menos de turistas que llegan allí es debido a la planificación que se hizo en su momento. Aquí se apostó por la calidad y el ocio complementario y en otros destinos no", explicó Marichal. "Apostaron por el apartamento antes que por el hotel y como ahora ven que hay una diferencia competitiva importante quieren emular lo que ha pasado aquí", subrayó.

El presidente de Ashotel sostuvo que, "sin ninguna duda", Gran Canaria es la mayor beneficiada de la controvertida norma, porque es la que mayor posibilidad de crecimiento tiene en el segmento de las 4 estrellas a través de la renovación o de los incentivos tras renovar un producto obsoleto.

Sebastián Ledesma defendió que una ley como esta se tenía que haber aprobado con el "máximo consenso", y aseguró que el PP intentó llegar a un acuerdo "hasta última hora". Recordó el edil portuense que el PP ha apoyado moratorias, pero precisó que "en su propia ideología" va también la liberalización. "No creemos en la moratoria", sentenció.

El concejal del Partido Popular reconoció que "no todo es malo" en la actual ley turística. Entre otros aspectos, citó la renovación y la búsqueda de la calidad. Pero consideró que la norma va en contra de la autonomía de cabildos y ayuntamientos. "Limita sus competencias", aseguró Ledesma.

El representante del PP rechazó que se diga ahora que se va "a permitir todo", porque ya existe una planificación, y remarcó que el PP no planteó el recurso que ahora promueve ante el Tribunal Constitucional porque en 2003 "siempre se hablaba de límites temporales".

"No podemos dejar pasar y no decir nada si hay una ley que va en contra del artículo 38 de la Constitución y contra las directivas europeas", sentenció el edil popular.

Ledesma dijo que "no ve" "una lucha entre islas" en relación con este asunto, y, en contraposición a Marichal, rechazó que los hoteles de 4 estrellas no atesoren también "calidad". "Y hay más demanda de hoteles de 4 que de 5 estrellas", advirtió.

En esta línea, Pedro Martín lamentó que se haya "simplificado" el debate a hoteles de 4 y 5 estrellas para intentar "cargarse" esta ley, cuando la norma "es mucho más". Destacó, entre otros aspectos positivo, los elementos nuevos que se introducen para evitar la mezcla de espacios hoteleros y residenciales, o los mecanismos para regularizar los establecimientos alegales e ilegales. Aspecto este que confirmó el propio Jorge Marichal.

El alcalde isorano defendió también la "ITV de edificios" hoteleros que recoge también la ley, ensalzó los planes de modernización de áreas completas y detalló que la norma "no prohíbe" los hoteles de 4 estrellas "ni de ninguna categoría". "Da potentísimas herramientas para que una planta envejecida y cutre tenga incentivos a la edificabilidad, al número de plazas, económicos...", argumentó Martín.

Por su parte, Carmelo Jorge consideró "muy mala práctica" que las diferencias políticas se resuelvan en el Tribunal Constitucional, al igual que una posición política del PP la termine defendiendo el Gobierno de España frente al Ejecutivo regional. "Sigue alejando a los ciudadanos de la política", dijo Jorge, quien envió un recado a los liberales: "El suelo, la costa y el paisaje es de todos, por tanto quien quiera hacer negocio con eso tendrá que someterse a las normas de todos".

El sindicalista consideró que se ha hecho mucho daño al territorio, precisamente al arbitrio de que cada uno lo haga "cuando quiera y como quiera". "La libertad de empresa en el marco constitucional también tiene límites", apuntó Carmelo Jorge, quien estimó que en Canarias se confunde "calidad con estrellas".

A su juicio, el gran agujero está en la oferta complementaria, cuestión con la que coincidieron los demás invitados. En este sentido, consideró que en el Pacto por el Turismo debería incluirse una inversión para generar conocimiento en idiomas. "Es una herramienta de primer orden", enfatizó Jorge, quien se mostró convencido de que el recurso ante el TC "generará inseguridad jurídica".

Román Rodríguez recordó que hasta ahora los antecedentes de legislación en materia de suelo, territorio y planeamiento "siempre se hicieron por consenso", aunque se quejó de que no hubiese "ningún dato" sobre los efectos de anteriores normativas.

Consideró que el Gobierno de España "cuestiona" la legalidad de la norma "por cuestiones políticas", y se opuso a que se "use" el Tribunal Constitucional para hacer oposición al Gobierno canario. Además, recordó la iniciativa presentada por el Cabildo de Gran Canaria para modificar la norma, y criticó que la ley deje a las corporaciones insulares al margen de aspectos como los planes de modernización.

María del Mar Julios también se refirió al recurso ante el TC y criticó las "formas" con las que fue anunciado por parte del ministro de Turismo, José Manuel Soria. "Es una falta de respeto institucional", dijo. La diputada de CC consideró "fácil de resolver" la discrepancia si se reduce a la construcción de hoteles de 4 o 5 estrellas en suelo ya clasificado.

Con todo, se preguntó cómo existiendo las directivas europeas desde hace tiempo "el PP no haya llevado al Constitucional la legislación anterior, que era más restrictiva", y remarcó que "en el fondo" los populares están en contra de que exista cualquier tipo de moratoria.