El Consejo de Ministros ha aprobado tres acuerdos por los que da un último aviso a los gobiernos de Canarias, Andalucía y Cataluña para que asuman determinada gestión del Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local que, según sentencia del Tribunal Constitucional, deben ejercer.
Técnicamente, el Ejecutivo formula requerimiento previo al planteamiento de conflicto negativo de competencias ante el Tribunal Constitucional a los tres gobiernos. Según argumenta el Gobierno, no están cumpliendo la sentencia del Constitucional del 5 de julio de 2012 que obligó a traspasar esa gestión del Estado a las Comunidades Autónomas.
El citado Fondo estatal es un mecanismo creado por el Estado para otorgar a los ayuntamientos subvenciones o ayudas para la realización de proyectos que generen empleo y de actuaciones que tengan en cuenta la sostenibilidad social.
El real decreto por el que se creó este fondo fue recurrido por la Generalitat de Cataluña y el Tribunal Constitucional, en junio de 2012, declaró la inconstitucionalidad de la gestión centralizada de las ayudas, obligando a la Administración General del Estado a territorializar por Comunidades Autónomas las subvenciones pendientes de ejecución en el momento de dictarse sentencia.
En cumplimiento de la sentencia, las Comunidades Autónomas han asumido la gestión de los expedientes en curso al momento de dictarse la sentencia, con la salvedad de Andalucía, Canarias y Cataluña. "Respecto a estas últimas, se ha intentado por la vía de la colaboración", ha dicho el Gobierno, "pero todas ellas han puesto objeciones".