Los problemas económicos por los que atraviesan muchas familias españolas han provocado un aumento en un 38% de los fraudes a compañías de seguros y mutuas patronales, según dice el reconocido jurista Francisco Maroto Granados, que esta semana estuvo en Tenerife, donde señaló que las mutuas tramitan en la actualidad más de 500.000 fraudes.
El letrado de Legalius Claim explicó que ante situaciones de necesidad "las personas agudizan el ingenio, siendo los canarios y los andaluces los que más inteligencia" demuestran tener.
"No quiero decir que estas comunidades autónomas sean el centro de los fraudes a seguros, pero hay casos muy curiosos en los que sorprende la capacidad de desarrollar un proceso para obtener un beneficio; hay casos que no se ven en el resto de Europa", señaló el jurista, quien matizó que no es que se cometa más fraudes en estas regiones, pero "se tiende a aumentar lo que verdaderamente ocurrió". Y es que con "la crisis ha aumentado la picaresca".
En relación a las mutuas patronales, explicó que se ha producido un notable aumento en las bajas laborales, sobre todo en personas que tienen un contrato temporal.
"Se registran muchos casos de personas que tienen contratos temporales que poco antes de finalizarlo cogen una baja, y cuando se finaliza el empleo la persona continúa recibiendo una prestación por parte de la Seguridad Social", detalló. Estos casos se daban con más frecuencia antes de la reforma laboral, pues esta modificación de la norma ha endurecido este tipo de situaciones y "ya no se producen tanto".
Respecto a la facilidad de obtener una baja médica, el jurista se mostró rotundo al afirmar que "no se puede discutir el criterio facultativo de una baja. Además, en la mayoría de las ocasiones el primer diagnóstico es subjetivo, pues luego se hacen las pruebas médicas más concretas". En este sentido, incidió en que después de la reforma "el control y seguimiento de las bajas tanto de la Seguridad Social como de las mutuas es férrea".
En cuanto a los seguros en general, Francisco Maroto destacó que también han aumentado los casos de personas que "provocan daños en su vivienda o en sus vehículos de forma intencionada; o que simulan robos en sus establecimientos" para cobrar de estas compañías, un tipo de acciones que tiene repercusiones penales.
"La gente no se da cuenta de que son delitos que conllevan una condena penal", señaló el jurista, quien destacó que las compañías siempre "intentan llegar a acuerdos para no llegar a acciones legales en los casos de fraude". Este tipo de acciones afecta al resto de las personas, pues "pagan justos por pecadores, ya que la cantidad de medios que hay que gastar para evitar esos fraudes repercute en las primas y los costes del resto de los seguros para el resto de los ciudadanos".
Pese a estas prácticas y la situación económica, las compañías han intentado mantener su cartera de clientes y facilitar aún más las prestaciones de servicios, aseguró.