La Audiencia de Las Palmas ha condenado a 23 años de cárcel por asesinato -dos menos de los que reclamaba el fiscal- al enfermero del Hospital Insular de Gran Canaria que en 2010 envenenó a su mujer suministrándole talio, barbitúricos y otros medicamentos no pautados por sus médicos.
La sentencia condena además al procesado, Iván Ramírez Aguilar, a indemnizar con 200.000 euros a los familiares de su esposa Laura A.G.: la mitad para su hijo y 100.000 euros para sus padres.
Tal como estableció en su veredicto el Jurado popular que juzgó el caso, la Audiencia considera probado que Ramírez Aguilar decidió acabar con la vida de su mujer y que, para lograrlo, le suministró un metal radiactivo diluido en la comida (talio) y también le administró sin su conocimiento benzodiacepinas, opiáceos e insulina.
El magistrado Carlos Vielba, ponente de la sentencia, recuerda que el Jurado emitió su veredicto de culpabilidad en base a los indicios disponibles que, a su juicio, llevan a optar por la postura mantenida por las acusaciones en sus alegatos iniciales y en sus informes "porque es la única capaz de explicar los hallazgos médicos".
El magistrado recuerda que la muerte de Laura A.G. se eleva a asesinato al concurrir las agravantes específicas de alevosía y ensañamiento, porque la víctima "no tuvo en ningún momento la oportunidad de defenderse ante la confianza que tenía en el acusado", quien la sometió "a padecimientos de todo punto innecesarios para conseguir su criminal propósito".
Además, se aplica al acusado las agravantes de parentesco y de abuso de confianza, aunque no referida a la que le profesaba la víctima, sino a la que tenían en él sus compañeros de trabajo, que "le permitieron acudir libremente a la unidad de medicina intensiva fuera de las horas de visita, incluso cuando ya existía la restricción de horarios o incluso cuando Laura ya no estaba ingresada".